La iniciativa aprobada otorga a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), un plazo de noventa días, a partir de la fecha de vigencia de la ley, para regularizar en todo el territorio provincial, el funcionamiento de los radares controladores de velocidad en todo los caminos y rutas existentes.
Además, prohíbe el funcionamiento de radares en la provincia, que no cuenten con la autorización de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y establece un procedimiento único para la autorización de los mismos.
“La mayoría de los radares en la provincia no cuentan con los requerimientos mínimos que deben tener para cumplir su función preventiva, y terminan siendo una “trampa casa bobos” solo con fines recaudatorios”, subraya el presidente del bloque, Javier Acevedo.
Uno de los puntos más importantes que propone la Ley es la nulidad de todas las actas de infracción labradas, y las que, habiendo sido labradas con anterioridad, aún no hayan sido abonadas por los presuntos infractores, debiendo el Juzgado de Faltas competente ordenar de oficio su archivo.
En relación a este punto, durante el tratamiento de la ley, el bloque pidió sustituir el artículo que establece la nulidad de las multas, agregando una “excepción de aquellas infracciones labradas a camiones de carga de arena silícea con fines de actividad industrial”.
La ley fue sancionada por unanimidad y será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial.
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