La Justicia allanó al Movimiento Evita y Barrios de Pie y en una causa por extorsión y amenazas a beneficiarios de planes

En un mega operativo en encabezado por la Policía Federal, la Justicia allanó 14 domicilios vinculados a agrupaciones piqueteras en el marco de una causa por extorsión y amenazas contra beneficiarios de planes sociales.

La decisión fue ordenada por el juez Ariel Lijo y recayó sobre varias agrupaciones. Entre otras aparecen el Movimiento Evita y Barrios de Pie, ambas vinculadas a la gestión del anterior gobierno kirchneristas. Emilio Persico, jefe del Evita, fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y repartía fondos de los planes. Y Gustavo Menéndez, de Barrios de Pie, también estaba en Desarrollo Social y hoy es funcionario de Axel Kicillof en la Provincia.

También allanaron domicilios, comedores y oficinas que pertenecen al Movimiento Territorial de Liberación, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores y la Agrupación Confluencia Popular, entre otros.

La causa de Lijo va en paralelo a otras que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello que también investiga extorsión a beneficiarios de planes y tiene en el foco al Polo Obrero de Eduardo Belliboni quien declaró el martes.

Los allanamientos ordenados por Lijo fueron en diferentes domicilios en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia vinculados a las agrupaciones bajo sospecha. En el norte del conurbano, en Maquinista Salvio, allanaron la sede administrativa del Movimiento Evita y las cooperativas La Esperanza y Evita Pueblo. De allí se llevaron setenta y ocho carpetas y biblioratos con fichas, planillas, facturas y recibos.

De otros domicilios se llevaron, según fuentes judiciales, planillas con presentismo y asistencia.

El caso arrancó por las denuncias a la línea telefónica 134 que había habilitado el Ministerio de Seguridad para que los beneficiarios de planes denunciaran si eran presionados para asistir a las marchas. Muchos denunciaron que los obligaban a asistir y que los sancionaban si no iban. Incluso les cobraban multas o les pedían que justifiquen las faltas

El caso de Lijo incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei. Una de las protestas fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía.

A esa marcha se sumaron la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.

El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA). La marcha de ese día fue masiva, aunque el acatamiento al paro fue dispar en varios rubros. Junto a los gremios, se movilizaron los grupos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad, y el Plenario Sindical Combativo.

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