Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski pidieron este jueves cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el ex secretario de Comercio del kirchnerismo Guillermo Moreno acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con el objetivo de falsear los datos de inflación.
Moreno llegó a este juicio acusado por los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos reiterados en siete oportunidades.
El ex funcionario es juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal que está integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.
El Tribunal pidió la misma condena de Moreno para la exdirectora del IPC del INDEC Beatriz Paglieri, y dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.
La ex directora del IPC está acusada de ser coautora en los mismos delitos que Moreno, mientras que las dos empleadas del organismo están apuntadas como partícipes primarias en estos hechos.
La investigación se inició en 2007 por la denuncia formulada por el abogado de la asociación civil sin fines de lucro “Asamblea por los Derechos Sociales” respecto a una serie de publicaciones periodísticas que daban cuenta de las circunstancias y el contexto en el que se habría desplazado a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua.
De acuerdo con ello, Moreno le habría ordenado a la funcionaria que le revelara los datos correspondientes a los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios, a fin de “visitar” esas firmas. Como Bevacqua se habría negado a ello -amparada en el secreto previsto en la Ley 17.622 de Estadística y Censo-, Moreno la habría reemplazado por Paglieri. El denunciante también advertía sobre una adulteración y/o manipulación del índice inflacionario publicado por el INDEC en enero de 2007.
En ese contexto, la Fiscalía se abocó a determinar si Moreno violó el secreto estadístico y si se falsearon los datos estadísticos del IPC. Posteriormente, a la investigación se acumuló la denuncia de los entonces senadores nacionales Gerardo Morales y Ernesto Sanz sobre las conductas desplegadas por la exministra de Economía, Felisa Micelli, Moreno y por Paglieri, cuyo nombramiento se habría dado con el fin de falsear los índices inflacionarios.
También se cuestionó la designación de Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, quienes no habrían acreditado su experiencia técnica y tampoco habrían participado de un concurso previo de oposición y/o antecedentes.
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