Tras aprobar la Ley Bases, el Senado le dio luz verde en la madrugada de este jueves al paquete fiscal. Con nuevas modificaciones cedidas por el Ejecutivo se aprobó un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva por unanimidad. Pero el oficialismo sufrió un duro revés cuando se cayó el capítulo del Impuesto a la Ganancias y Bienes Personales.
La reversión de Ganancias tuvo 41 rechazos y solo 31 votos afirmativos. El texto fijaba que el impuesto vuelva a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. La actualización, por inflación, se fijaba para septiembre de este año, y a partir del año que viene cada seis meses.
Durante el debate en el Senado, y por presión de los patagónicos, el oficialismo incorporó el diferencial del 22 % por zona desfavorable que beneficia a las provincias del Sur. Igualmente los patagónicos votaron en contra.
Además de los 33 senadores de Unión por la Patria votaron en contra de Ganancias los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad y la pampeana del PRO, María Victoria Huala. De los bloques federales rechazaron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; el entrerriano Edgardo Kueider, la rionegrina Mónica Silva; y la chubutense Edith Terenzi.
El título de Bienes Personales también fue rechazado. El texto del oficialismo planteaba una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar Bienes Personales y una disminución en las alícuotas. De acuerdo al proyecto, el mínimo no imponible subía de $ 27 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar iba a pasar de $ 56 a $ 350 millones.
Pero la votación salió rechazada para sorpresa del oficialismo, que no lo esperaba. Hubo 37 votos en contra y 35 a favor. Además de los 33 legisladores de Unión por la Patria, votaron en contra los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, el radical Martín Lousteau y la rionegrina Mónica Silva.
Luz verde en general
El texto, oficialmente llamado "Proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes", fue aprobado minutos antes de las 6 de la mañana.
Para la votación, no fue necesario que Victoria Villarruel desempatara. Ni siquiera condujo el debate porque como el presidente Javier Milei partió rumbo al G7 entrada la madrugada, ella quedó a cargo del Ejecutivo. El debate fiscal lo llevó adelante el presidente provisional, el libertario puntano Bartolomé Abdala.
La norma, en general, se aprobó por 37 votos a favor -de los libertarios, el PRO, la UCR y los bloques federales- y 35 en contra, de Unión por la Patria y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
"Voy a votar a favor porque creo en el equilibrio fiscal. Vamos a dar las herramientas para que las provincias y la Nación tengan las cuentas ordenadas, pero creemos que ese esfuerzo tiene que estar distribuido de manera más equitativa entre toda la sociedad", había adelantado el radical Martín Lousteau, que en lo particular pide cambios.
Por su parte, Daniel Bensusán, explicó el rechazo de la bancada de Unión por la Patria. "Después de todas las modificaciones que se hicieron el impacto de este paquete fiscal es negativo. No hay un beneficio real en la coparticipación para las provincias. Empobrece aún más a los trabajadores y enriquece a los poderosos", lanzó.
Blanqueo y moratoria fiscal, por unanimidad
El blanqueo permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Para montos más altos, contempla alícuotas progresivas del 5 % hasta el 15 %. Se aprobó por unanimidad: 72 votos a favor.
Antes, se anunciaron no el Senado se incorporaron varias modificaciones. Entre ellas, extender la imposibilidad de blanquear a quienes fueron funcionarios en los últimos 10 años (el texto original planteaba 5 años) y especificar que los hermanos de funcionarios, que habían quedado en un limbo, tampoco puedan. Además se incluyó en el listado de quienes no pueden blanquear a los principales contratistas del Estado y se eliminó la posibilidad de blanquear criptomonedas.
Frente a la crítica sostenida de que los beneficios para los blanqueadores son demasiados, el Ejecutivo acepta incrementarle el porcentaje del Impuesto a las Ganancias a quienes blanqueen. Estipulan en un 20%. Así la tase se elevaría del 0,5% al 0,6 %.
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