A través de la Resolución 50/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, el gobierno nacional decidió que ya no será obligatorio registrar a través de declaración jurada (DJVE) a distintos productos agrícolas con destino a la venta exterior con el objetivo de flexibilizar plazos para exportar, disminuir costos operativos y de gestión, y evitar sanciones ante posibles incumplimientos. La lista incluye arroz; arvejas; garbanzos; porotos negros, blancos y colorados; maní; maíz pisingallo; aceite de maíz; afrecho y afrechillo de trigo.
La norma, firmada por el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, se enmarca dentro de las reformas que el Gobierno ha decidido realizar para fortalecer y fomentar el comercio exterior. En ese sentido, tal como lo estableciera el Decreto 70 del 20 de diciembre de 2023, la decisión apunta a reconstruir la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales, promoviendo una mayor inserción en el comercio mundial, así como eliminar el registro de exportadores e importadores para facilitar las operaciones de comercio exterior.
Desde la Secretaría de Bioeconomía se argumentó que debido a la dinámica de los mercados y las capacidades de oferta interna, algunos productos adquieren una importancia significativa en el comercio exterior, mientras que otros, revisten menor relevancia para las exportaciones nacionales. Por eso, se consideró necesario eliminar la obligatoriedad del registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para los productos mencionados, a fin de simplificar los procesos de las operaciones.
Vale recordar que la Ley N° 21.453 había establecido la obligación de registrar, mediante el sistema de declaraciones juradas, todas las ventas al exterior de numerosos productos agrícolas, con el objetivo de lograr un ingreso más fluido de divisas y conocer con adecuada antelación, el volumen proyectado de las respectivas exportaciones. Ahora, con esta nueva decisión, la lista de productos se reduce a la mitad.
Esta medida se suma a otras iniciativas orientadas a "simplificar la normativa, desburocratizar el sector, favorecer una competencia leal y aumentar las exportaciones, a la vez que se mejora la eficiencia en el uso de los recursos del Estado y se generan menores costos administrativos para el sector privado", indicaron desde la Secretaría de Bioeconomía. Entre otras, la reducción en la cantidad de presentaciones anuales ante el Sistema Integral de Simplificación Agrícola (SISA), la simplificación del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), la eliminación del Fideicomiso del Trigo y de los Volúmenes de Equilibrio en Granos, la eliminación de las restricciones a las exportaciones de carnes, la flexibilización de los horarios de faena y la derogación del Sistema de Información de Precios Bovinos.
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