Dos personas fueron condenados a penas de prisión condicional por delitos cometidos en el marco de protestas que se desarrollaron en Campo Grande y Cinco Saltos. Otros siete imputados accedieron a suspensiones de juicio a prueba. Todos son integrantes de un sindicato de trabajadores estatales y junto a sus defensores arribaron a acuerdos con las querellas que representan a los municipios y con la fiscalía.
Los jefes comunales de ambos municipios, los imputados y sus respectivos abogados llegaron a un entendimiento que incluyó una reparación de todos los daños y compromisos a futuro para evitar conflictos violentos en reclamos sindicales. Los acuerdos incluyeron las gestiones salientes – quienes estaban a cargo de los municipios al momento de los hechos – y a los actuales jefes comunales.
Los acusados se comprometieron a futuro a no realizar actos hostiles ni acciones violentas contra edificios públicos municipales o provinciales y, en cambio, a recurrir a los organismos estatales o judiciales que correspondan para zanjar cuestiones laborales. Además cumplieron con la totalidad de los puntos que se requirieron para una reparación integral de los daños. Esto incluyó también a integrantes de la policía provincial que fueron lesionados durante las protestas.
Además, los referentes gremiales dejaron expresamente a salvo que no renunciaban al legítimo y legal ejercicio de los derechos sindicales y los intendentes se comprometieron a a respetar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que garantiza una serie de derechos laborales que incluye, entre otros el derecho a huelga.
En una audiencia celebrada este martes 25 de junio, la fiscalía, las querellas y las defensas expusieron ante una jueza de juicio todos los puntos del acuerdo que incluye dos procedimientos abreviados parciales con pedidos de penas de cumplimiento condicional y siete pedidos de probation. La magistrada adelantó que aceptará lo requerido y dictará las correspondientes sentencias y resoluciones.
Conflicto en Campo Grande
Entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre de 2020, un gremio que representa a trabajadores estatales tomó una serie de acciones que coordinadamente, buscaban lograr de forma coactiva un aumento salarial por parte del intendente de Campo Grande. En ese momento el Poder Ejecutivo era ejercido por Ariel Riveros.
Los hechos consistieron en bloqueos y quema de cubiertas en la sede y la sede del corralón municipal y un corte sobre la Ruta Provincial 69 a la altura de Villa Manzano. También amedrentaron a distintos trabajadores y funcionarios para que no realicen actividades laborales para el Municipio. Además dañaron el sistema de seguridad.
Protesta en Cinco Saltos
Bajo la gestión de Liliana Alvarado los días 5 y 6 de abril de 2021, representantes del sindicato bloquearon el acceso a corralón del Municipio, el galpón del área de espacios verdes, de la oficina de recursos humanos y la sede de comercio durante más de 30 horas. En esa oportunidad también quemaron cubiertas.
Durante los eventos distintos trabajadores, funcionarios municipales e integrantes de la policía provincial que prestaban servicio en ese momento fueron amedrentados para no realizar tareas propias del municipio o de la prevención policial. En ese marco, dos uniformados resultaron lesionados.
Uno de los momentos de mayor tensión sucedió cuando los imputados ingresaron a la sede municipal y por la fuerza expulsaron violentamente a las personas que se encontraba en el interior del palacio municipal.
Condenas en suspenso
Un hombre y una mujer aceptaron su responsabilidad penal en el hecho y en el marco de un procedimiento abreviado y fueron condenados a una pena de cumplimiento condicional. Además de una serie de pautas de conducta, compraron materiales para reparar una sede de la Policía provincial y se decomisarán dos vehículos en favor de los Municipios de Campo Grande y de Cinco Saltos.
Ambos acusados habían accedido tiempo atrás a beneficios de suspensiones de juicios a prueba por hechos relacionados a protestas sindicales.
Suspensión de juicio a prueba
Los restantes siete imputados, por no contar antecedentes penales computables, tras reparar integralmente los daños que sufrieron los municipios y las personas lesionados, pudieron acceder a una suspensión de juicio a prueba.
Este instituto prevé que las personas – sin aceptar su culpabilidad – cumplan con determinadas pautas de conducta durante un tiempo durante el cual el proceso penal en su contra queda suspendido. De cumplir con las mismas, acceden a un sobreseimiento pero de no cumplirlas, el beneficio puede revocarse y el caso avanzar a la instancia de juicio debate oral y público.
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