El Gobierno decidió postergar los aumentos de tarifas de la luz y el gas, así como dividir en tramos la actualización del impuesto a los combustibles, que llevará a una suba de los combustibles líquidos (nafta y gasoil). El objetivo del Ministerio de Economía es consolidar la baja de la inflación, que en abril habría vuelto a un dígito mensual y se acercaría al a 8% o 9%.
"No va a haber aumentos", dijeron hoy fuentes oficiales, consultadas por la primera aplicación de la cláusula de indexación mensual de las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
Puntualmente, desde este 1 de mayo estaban programadas varias novedades en materia de tarifas energéticas. Tanto en luz como en gas, las empresas que prestan los servicios públicos regulados de transporte y distribución empezaban a tener una indexación mensual de sus tarifas, en base a la evolución previa de los salarios, la inflación y hasta el costo de la construcción.
Los aumentos que arrojaban esas fórmulas iban entre el 10% y el 12,5% en los márgenes de esas compañías -Transener, Transba, Edenor, Edesur, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras-, lo cual tendría una incidencia cercana al 5% en las facturas finales de los usuarios.
Algunas de las empresas beneficiarias firmaron ante el Gobierno compromisos para suspender reclamos administrativos y judiciales por los incumplimientos del Estado nacional en los contratos, al congelar las tarifas hace años. Las "actas acuerdo" que firmaron las gasíferas sostienen que si el Gobierno incumple la cláusula de indexación, las empresas podrían volver a retomar acciones para pedir compensaciones por el congelamiento de tarifas a partir de 2019.
Fuentes del sector empresarial indicaron que "sería una mala señal" si se empiezan a dilatar las subas que ya estaban pactadas.
Por otra parte, el Gobierno todavía debe aprobar la "programación estacional" de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que contiene los precios de la energía de invierno, más caros que en verano por el mayor uso de combustibles.
Las primeras estimaciones oficiales conllevarían un incremento del precio mayorista de la electricidad cercano al 85%, con un impacto superior al 25% en las boletas finales de los usuarios de ingresos altos y los comercios e industrias a nivel nacional. Pero eso está en revisión.
Y también está pendiente la definición e implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), el nuevo mecanismo de asignación de subsidios a la clase media y los hogares en situación de pobreza. Éste es el verdadero desafío del gobierno de Javier Milei: 7 de cada 10 usuarios residenciales todavía mantiene la ayuda del Estado para pagar más del 95% del costo de la energía.
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