La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Cristina Kirchner con el que pretendía anular la decisión de la instancia anterior, que ordenó que se la continúe investigando en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Con esta resolución quedó firme el criterio que determinó que debe seguir la pesquisa en su contra por el presunto delito de lavado de activos.
A finales de 2023, la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento que había obtenido Cristina en la Ruta del Dinero K, cuando el juez Sebastián Casanello hizo lugar a un pedido del fiscal Guillermo Marijuan, quien sostuvo que no había elementos de prueba para que la ex presidenta continuase bajo investigación.
Los camaristas entendieron que esto no era así y atendieron los argumentos de la asociación civil Bases Republicanas que, tras convertirse en querellante, sostuvo que la ex presidenta debía ser investigada en esta causa donde su ex socio comercial, Lázaro Báez, fue condenado a 10 años de prisión.
En ese momento los jueces detallaron una serie de elementos que “no pueden ser omitidos” a la hora de “analizar su rol” en el entramado de operaciones de blanqueo.
Ls ex vicepresidente se opuso a esta decisión y acudió al máximo tribunal penal, es decir, a la Cámara de Casación, que este lunes rechazó su argumentos y avaló lo que ya se había dicho en la instancia anterior: continuará bajo investigación sospechada de haber tenido un grado de participación en la estructura que le permitió a Báez lavar 55 millones de dólares.
Un planteo "improcedente"
Los jueces de la Sala IV de la Casación, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, entendieron que el reclamo de la defensa de Cristina Kirchner no correspondía, pues “resulta improcedente en tanto las decisiones” que se están cuestionando.
En estos casos el criterio aplicado es siempre el mismo: no se trata de una sentencia definitiva, con lo cual los dos camaristas, con el voto en disidencia de Mariano Borinsky, sostuvieron no correspondía conceder la apelación formulada por la defensa y por ende, no será analizada.
Al momento de argumentar el criterio de la mayoría, los camaristas señalaron: “Tampoco se advierte, ni el recurrente alcanzó a demostrar que la resolución cuestionada produzca al impugnante un agravio de tardía o imposible reparación ulterior”.
Con esta decisión, el caso en instrucción continuará teniéndola como imputada por el delito de lavado de dinero. La causa está en manos del juez Casanello y la discusión se centra en qué fiscal intervendrá, ya que el Ministerio Público es el responsable del impulso de la acción penal y en este expediente Guillermo Marijuan dijo que ya no había elementos para seguir con el caso.
Este tramo residual de la Ruta del Dinero K se centró en el vínculo entre Cristina y Báez, "para determinar y establecer su posible coautoría o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero".
En mayo del año pasado, pese al pedido de sobreseimiento de la entonces vicepresidenta, el fiscal Guillermo Marijuan señaló que "no tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal" entre la vicepresidenta y el dueño del Grupo Austral. Sin embargo, expresó que después de una batería de medidas de prueba analizadas, no había elementos suficientes para mantener la acusación por lavado de dinero contra Cristina Kirchner.
Bajo esa misma línea argumental resolvió el juez federal Sebastián Casanello. La ONG Bases Republicanas insistió en ser considerada como parte querellante para revertir este fallo. Y los camaristas de la Sala II le dieron la razón en noviembre pasado. Desde entonces la causa se reabrió, pero Cristina Kirchner jugó una carta más para impedir que esto suceda y acudió a la Casación.
Hay que recordar que Lázaro Báez fue condenado por lavar 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. En simultáneo, celebró varios negocios comerciales con la ex Presidenta. Además, Báez y su entorno hicieron múltiples visitas a la residencia presidencial de Olivos en esa época.
Mientras tanto, Austral Construcciones ganaba el 86% de los contratos viales licitados en Santa Cruz, que según se investigó y condenó en el caso Vialidad, estuvieron plagados de irregularidades: direccionamiento de los concursos, falta de controles, obras inconclusas, sobreprecios promedio del 65%, circuitos exclusivos para percibir fondos por obras que no avanzaban, entre otros.
Por ese motivo Bases Republicanas insistió con vincular 75 hechos denunciados en su momento por la Unidad de Investigación Financiera bajo la conducción de Mariano Federici, que según el ex funcionario no fueron tenidos en cuenta por Marijuan para pedir el sobreseimiento de la vicepresidenta. Sobre todo las 376 llamadas telefónicas entre ellos, reveladas por el propio fiscal como resultado de una pericia cuyas conclusiones se desconocían hasta entonces.
Bajo estos criterios la Cámara federal porteña ordenó la reapertura de la investigación contra Cristina Kirchner y ahora la Casación, con la firma de Hornos y Carbajo avaló esa postura al rechazar la queja de la ex vice.
Cuando la Cámara federal porteña rechazó los argumentos del fiscal Marijuan, señalaron que se “limitó sólo a emparentar a Cristina Kirchner con Lázaro Baez” pero “sin precisar el rol que le habría cabido a cada uno durante todo el desarrollo del iter criminis y no solo frente a las exteriorizaciones visibles”.
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