La justicia jujeña avanza con su investigación contra los dos hombres que llevan 50 días presos acusados de haber posteado en redes sociales mensajes sobre una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, la mujer del exgobernador Gerardo Morales. Pero la Policía busca, además, a una tercera imputada: una arquitecta de 42 años que habría reproducido el rumor en un grupo privado de WhatsApp.
Según corroboró LA NACION con el fiscal del caso, Walter Rondón, y con la propia acusada, Lucía González, la orden de detención contra ella la dictó el 26 de enero pasado el juez Pablo Pullen Llermanos, el mismo que mantiene presos a Nahuel Morandini y Roque Villegas. Los tres están acusados de delitos que, sumados como pidió el fiscal, los podrían dejar en prisión hasta ocho años: lesiones psicológicas (a Snopek) y afectación a la identidad de una menor (la hija de Snopek y Morales, de dos años). La causa se inició por una denuncia de Tulia Snopek el 4 de enero pasado. Un día más tarde, fueron detenidos Morandini y Villegas.
“Yo no tengo publicaciones en redes sociales sobre este tema. Solo uso Instagram y no publiqué nada”, dijo Lucía González a LA NACION. “Me acusan por algo que se habló en un grupo de WhatsApp de once personas. Yo hablo de un chisme, lo digo claramente, es un chisme que escuché en la verdulería. No hice absolutamente nada más”, alegó González, que está fuera del país. “Estoy de vacaciones. Siempre me voy de vacaciones en febrero. Me enteré de que me estaban buscando porque vecinos míos me avisaron que habían ido a preguntar por mí unos hombres en una Toyota Hillux sin patente. Durante varios días hubo movimientos raros cerca de mi casa. Nahuel ya estaba detenido”.
Nahuel Morandini es amigo de González (ella cuenta que, en realidad, es amiga desde los cinco años de la mujer de Morandini y es madrina de la primera hija de ellos). Los investigadores llegaron a González porque después de detener a Morandini por un tuit en el que dijo que parecía que “uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador”, le secuestraron el teléfono y le revisaron sus comunicaciones. Así dieron con el grupo de WhatsApp del que participaba González y en el que ella había dicho que se había enterado del “chisme” de la infidelidad. Aparentemente, su comentario incluía una alusión al rumor de que la hija de Snopek no sería hija de Morales.
Según el fiscal, de los chats surgiría que hubo una decisión premeditada de expandir los rumores para provocar un daño. “Una cosa es intercambiar chats entre vos y yo, pero si vos después lo viralizás, ya es otra cosa”, dijo Rondón a LA NACION. Afirmó que eso es lo que surge “de la extracción de información de los teléfonos”. El fiscal relató que González está acusada “de lo mismo” que sus coimputados y que “la orden de detención es para hacerla comparecer al juzgado”. Consultado sobre cómo es posible que Morandini y Villegas, que no se conocían, estén acusados de haber confabulado, el fiscal dijo: “Hay gente que no se conoce, pero comparten las viralizaciones”. Rondón respondió que por el momento no podía dar más precisiones sobre cómo funda su acusación contra González, pero que tiene acreditado que ella no solo dijo algo en privado sino que “viralizó” el rumor.
Aunque según la fiscalía la arquitecta sería parte de la misma supuesta confabulación, se le abrió una causa independiente. El abogado defensor de ella, Javier Vuistaz, afirmó que esta división es completamente irregular. El argumento que dio el fiscal a LA NACION es que a González “se la separó de la causa para no demorar la causa original sine die”. El expediente contra Morandini y Villegas avanza a toda velocidad. Este lunes vence el plazo de las defensas para ofrecer sus pruebas para el juicio y el fiscal calcula que en un mes puede haber una sentencia. Los abogados defensores de Morandini, Marcos Aldazabal y Elizabeth Gómez Alcorta, pretenden frenar el avance del proceso con una excepción que plantearon “por inexistencia de delito”. Reclamaron el “inmediato sobreseimiento” de Morandini y denunciaron un avance ilegal sobre de la libertad de expresión. Esta semana, consultados por LA NACION, juristas de diferentes líneas de pensamiento coincidieron en criticar que Morandini y Villegas estuvieran detenidos por posteos como los que hicieron y cuestionaron la constitucionalidad de la causa penal. La respuesta del fiscal Rondón, en defensa de su acusación, fue que “no hay derechos absolutos”.
El abogado de González, Vuistaz, no solo se quejó de que se haya abierto una causa independiente contra su defendida, también dijo que no pudo acceder a las pruebas contra ella (que están en registros fílmicos que, cuando intentó abrirlos le dieron “error”, según relató) y sostuvo que el proceso para intentar que dejen sin efecto la orden de captura se volvió “kafkiano”. Según Vuistaz, que tiene un estudio con sede en Salta, la detención la dispuso Llermanos como juez de feria y el caso pasó luego a otra jueza, pero cuando le pidieron a esa magistrada que levantara la orden, ella se remitió a lo dispuesto por Llermanos, y Llermanos tampoco accedió a tratar el tema. “González nunca salió del ámbito reservado, privado, de WhatsApp. No sabemos de qué la acusan”, dijo el defensor.
González trabaja como arquitecta en forma independiente y cuenta que también está contratada desde hace tres años como inspectora por un organismo provincial, con un contrato que le renuevan anualmente.
El abogado de González relató además a LA NACION un episodio que involucra directamente al exgobernador Morales. Dijo que en la causa contra su defendida citaron a declarar como testigo al jefe de González (aparentemente, para preguntarle sobre las vacaciones de ella) y que el testigo relató que esa misma mañana se había comunicado con él Morales, que no solía llamarlo, y le había preguntado por los contratados que tenía bajo su dependencia. Vuistaz dijo que el testigo relató que Morales (que es el jefe político del gobernador actual de Jujuy, Carlos Sadir) mencionó en esa llamada por su nombre a una sola de las contratadas: Lucía González. Pero eso no es todo. Vuistaz contó además que esa audiencia tuvieron que repetirla porque después de la primera vez que el testigo habló de Morales al abogado le dijeron que por problemas técnicos no se había registrado ese tramo del interrogatorio y que debían reiterarlo.
El Gobierno de Jujuy es parte en la causa promovida por Snopek. El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género es querellante (acusador) en el expediente y acompañó el pedido del fiscal para que Morandini y Villegas permanecieran detenidos. Entrevistado esta semana por el periodista Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, Sadir eludió responder sobre este rol de su gobierno (no quiso decir si era querellante o no) y dijo que es la Justicia la que dispuso las detenciones, pero pareció defender el avance de la causa cuando dijo: “Se puso en duda la identidad de una persona, de una menor, la paternidad de la menor”.
La otra querella que impulsa el caso es la de Snopek, que en su condición de víctima adhirió tanto a la acusación del fiscal como a su presentación para que los dos arrestados vayan a juicio.
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