La polémica en torno a la eliminación del fondo fiduciario que administraron funcionarios que reportaban a Juan Grabois se activó después de una nota de Clarín que reveló que el denominado FISU había registrado erogaciones por $ 130 millones sólo en viáticos y comisiones durante el año pasado.
Sin embargo, esa cifra representa un ínfimo porcentaje de todo el poder que manejó el dirigente social en los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández, ya sea directamente a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana o por intermedio de transferencias discrecionales a cooperativas que su organización, la CTEP, controla.
En total, medido a dólar oficial promedio en los períodos de 2020, 2021, 2022 y 2023, Grabois manejó directa o indirectamente US$ 244 millones. Los datos a los que accedió este medio surgen del sitio Presupuesto Abierto, dependiente del Ministerio de Economía, y de fuentes del área social, que reportan cómo fueron los giros que se hicieron a través de partidas por fuera del presupuesto.
Integración Socio Urbana fue una Secretaría dentro del extinto Ministerio de Desarrollo Social que en los cuatro años de gestión de Alberto Fernández estuvo a cargo de Ramona Fernanda Miño, una dirigente social surgida de la villa La Cava, en San Isidro, que responde políticamente a Grabois.
Lejos de tener los recursos de los programas centrales, como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, que dependían del Movimiento Evita y de La Cámpora, la SISU contaba con el tercer presupuesto en relevancia dentro del ministerio que condujeron Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz, respectivamente. Y sus fondos fueron creciendo de manera vertiginosa, por encima de las previsiones inflacionarias.
En 2020 tuvo recursos por $ 226 millones, que tomado a un dólar promedio de $ 70,59 según el Banco Nación, representaban US$ 3,2 millones. En 2021, año electoral, la cifra subió espectacularmente: a un dólar de $ 95,15, se le transfirieron $ 2.763 millones, que significaban US$ 29 millones.
En 2022, la cifra volvió a subir exponencialmente: a un dólar promedio de $ 131,89, se le giraron $ 11.258 millones, es decir, más de US$ 85,3 millones. En 2023, en tanto, a un dólar promedio de $ 295,2, se transfirieron al SISU $ 35.196 millones, que equivalieron a US$ 119,2 millones. El acumulado trepa hasta US$ 236,7 millones.
Transferencias discrecionales
Pero esos no fueron los únicos recursos que manejó Grabois o funcionarios leales a él. Durante todo el mandato de Alberto Fernández, un gran número de cooperativas recibió fondos de manera discrecionales. La mayoría reportaban a afiliaciones políticas puntuales y, en el caso del dirigente de la CTEP, una bajo su órbita fue la que más dinero recibió.
Se trata de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, que solamente en el primer semestre de 2023 recibió $ 218.752.697, o US$ 1.032.272. En los años anteriores, había obtenido fondos similares: llevados a dólar fueron US$ 2.665.679 en 2020; US$ 1.714.893 en 2021 y US$ 1.853.956 en 2022. En global, fueron US$ 7.266.800 cobrados por la cooperativa en cuatro años. Faltan calcular los datos del segundo semestre del año pasado, pero se estima que se ubicaron en números similares.
Además, Grabois es parte de otras cooperativas y asociaciones que se nuclean en la denominada UTEP, y que lideran referentes históricos del sector de piqueteros como Emilio Pérsico, Fernando "Chino" Navarro y Esteban "Gringo" Castro. A través del Movimiento Evita, ellos fueron quienes controlaron la mayor parte de los planes sociales que se pagaron a beneficiarios del Potenciar Trabajo.
En el caso de Pérsico, con una controversia incluida: era al mismo tiempo el secretario de Economía Social, es decir, quien giraba esos fondos al movimiento social que él mismo encabeza.
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