Para el Gobierno es una "caja negra" de la política. Es decir, un curro. Para otros, en cambio, es una herramienta financiera alimentada con miles de millones de pesos del estado para mejorarle la vida a los sectores más postergados.
Sea quien fuere que tenga razón, el Presidente cortó casi de cuajo la controversia: este sábado se publicó en el Boletín Oficial el desfinanciamiento del Fondo de Inversión Social Urbano (FISU).
Hasta ahora el FISU recibía, en un goteo diario, el 9% de la recaudación total del Impuesto País. En el nuevo esquema de financiación ordenado por el Gobierno pasará ingresar el 1%.
¿Esto implica una eliminación del fideicomiso? Para nada. Al parecer, los dientes de la motosierra no estaban tan afilados. Aún con la significativa poda en el financiamiento, la plata que aún seguirá recibiendo el FISU es astronómica.
Se lo explica a Clarín el propio jefe libertario de la Secretaría de Inversión Social Urbano (SISU), Sebastián Pareja.
"Este año pasaremos a manejar aproximadamente unos $30.000 millones, de los $350.000 millones que el Fondo contó el año pasado", explica Pareja, que hace unos diez días se tomó licencia como Senador bonaerense de LLA para asumir como subsecretario de la SISU. El jefe del organismo es Héctor Lostri.
La decisión de podarle la financiación al FISU, como adelantó Clarín, fue de Luis Caputo. El Ministro de Finanzas lo hizo tras lograr que el "fideicomiso de Grabois" pase a su órbita.
Durante el cuarto gobierno kirchnerista, la dependencia reportaba a Acción Social. En esos años, fueron tan arduas como públicas las peleas en el gobierno de Alberto Fernández para manotear los US$ 1.244 millones que la propia ex jefa del FISU, la piquetera Fernanda Miño, admitió gastar desde 2020 a 2023.
Con movilizaciones y declaraciones en los medios, Grabois siempre buscó condicionar a los tres ministros de Acción Social que tuvo de Alberto Fernández: Daniel Arroyo, Juanchi Zabaleta y, ni que hablar, Victoria Tolosa Paz.
Miño es una militante kirchnerista que no hace nada sin consultar con su jefe, Juan Grabois. El amigo del Papa es el que la puso como encargada de la SISU. Además, acordó con Máximo Kirchner la conformación del FISU, fideicomiso cuyos fondos eran y siguen siendo tercerizados por el BIFISA, una especie de banco estatal manejadopor La Cámpora a través de la senadora mendocina, Anabel Fernández Sagasti.
¿Es un curro el FISU? Todo aparenta que sí. No tanto por las obras que no se hicieron si no por la sobrefacturación que habría habido.
El propio Pareja admite ante Clarín que la "auditoría financiera puede ser papelitos de colores". Se refiere a que las certificaciones y facturas de las obras podrían haber sido adulteradas por los propios seguidores de Grabois que durante 4 años hicieron los controles de las obras.
Precisamente de esto se agarran Grabois y Miño para hablar de una "operación" de los medios en su contra. Relato repetido entre algunos periodistas militantes como Pablo Duggan. También otros, que si bien no son militantes, andan sobreactuando una supuesta independencia profesional, guiados por un GPS que los dejaría en un ignoto país que sólo a ellos le dan la visa, entre Corea del Norte y del Sur. Esas certificaciones y facturas de las obras supone que "estuvieron controladas". No lo estuvieron, o sí, controladas para intentar que pase desapercibido el desfalco.
El propio pareja "no descarta" que lo que se pagó por esas obras pudiera haber sido mucho más de lo que realmente costaron.
Grabois y Miño (también el propio Pareja) señalaron públicamente que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) no veía irregularidades en el "proceso administrativo y operativo" de los proyectos que se financiaron con el FISU.
Lo que varios que conocen muy bien el mecanismo de financiamiento del FISU no ponen en duda es que hubo "escandalosos sobreprecios".
"Para identificar si hubo o no choreo en el pago de las obras hay que hacer un trabajo serio y exhaustivo de cada factura que los propios militantes de Grabois hicieron. Por favor no publiques lo que te estoy enviando pero hay proyectos que a simple vista se pagaron muchísimo más de lo que realmente cuestan", le dice a Clarín un funcionario del SISU que estuvo durante toda la gestión de Miño.
"Hoy, en el FISU hay unos $150.000 millones. Durante el 2023 había proyectadas unas 1.067 obras. Nos dejaron unas 435 sin terminar, que las vamos a hacer. Para finalizarlas necesitamos unos $200.000", señala Pareja.
Cuando se le pregunta si el FISU es "una caja negra para el choreo de la casta". Pareja se incomoda. Pero infla el pecho tomando todo el aire que pueda y contesta: "No lo sé. Aún me falta auditar muchas obras. Y, como publicaron ustedes, no puedo dejarme llevar por los papeles sino que hay que ver los montos que dicen esos papeles para saber si hubo sobreprecios. Igual, con las camionetas 4x4 que supuestamente se alquilaron durante los 4 últimos años, lo que de confirmarse, sería un disparate. Lo mismo con los viáticos que aparentemente se les pagaron a los que hacían territorio, es decir, iban a visitar las obras. El lunes me junto con Fernanda Miño y vamos a aclarar varias cuestiones".
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