Las contrataciones “en directo” no son una rareza. De hecho así tomaron distintos tipos de seguros con la empresa del Nación firmas como Aerolíneas Argentinas o YPF.
Pero al parecer, sí se trataba de rarezas, si se tiene en cuenta que desde lo más alto del poder se sugería la contratación de brokers que, gracias a esa sugerencia, facturaban jugosas comisiones.
Hasta ahora saltaron los casos Anses y Gendarmería, pero no serían los únicos.
En estas horas se tomaron decisiones a varias puntas para esclarecer el panorama.
-Por un lado, se inició una auditoría sobre toda la administración pública, organismos descentralizados y empresas estatales para determinar en qué condiciones contrataron los seguros.
-Nación Seguros está recibiendo esa información de todos sus clientes.
-No menos importante, este miércoles por la tarde la Oficina Anticorrupción se presentó en el juzgado federal de Julián Ercolini para tomar vista de la denuncia presentada más temprano por la abogada Silvina Martínez y trabajar en la presentación de esa dependencia pública para ser aceptada como querellante en la causa. Los denunciados por Martínez son el expresidente Alberto Fernández y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.
Lo que se sabe hasta ahora es que, amén de las recomendaciones que bajaban del poder, diversos organismos públicos tenían su propio broker favorito. En definitiva, lo que se está vislumbrando es que eran los propíos asegurados (los organismos) los que imponían la figura del intermediario.
El negociado tuvo su origen en el decreto 823/2021. Dicho decreto señala que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera.
Esto incluye a la Administración Nacional, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social (Anses) y las empresas y sociedades del Estado.
El principal intermediadio o "broker" es Pablo Torres García, cercano a Sergio massa. Es dueño de la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo, en Villa La Angostura, provincia de Neuquén. También está involucrado Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del ex Presidente Alberto Fernández.
Hay que aclarar que el broker es una figura común en el negocio de los seguros. Para los clientes y para las aseguradoras, se asemeja a la figura de “oficial de crédito” de un banco, es decir el que está en contacto directo con el asegurado, atendiendo consultas y ofreciendo soluciones. Lo que es inentendible es que el propio Estado contrate un intermediario para “negociar” entre entes públicos, y cobre por ello una suculenta comisión, injustificable por los volumen operados -ya sea por la cantidad de deudores de Anses, o efectivos de fuerzas de seguridad, o patrimonios asegurados.
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