Este lunes, el Gobierno nacional oficializó la intervención del Enacom, el ente encargado de controlar las comunicaciones, y definió a Juan Martín Ozores (un consultor y exempleado de Movistar) como su interventor. Este es un hombre que responde a Santiago Caputo, hoy una de las personas más influyentes en el Gobierno.
El Enacom es un ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Su objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.
En la medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 89/24, señala en los considerandos que , "en consonancia con los lineamientos" del DNU 70/23, dictado por la actual administración "para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector", se argumenta "que a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones" adoptadas por el Enacom "que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes", y que esas medidas "han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas".
Y ordena "llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención" del organismo, concluye el decreto publicado este lunes, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Fondos para gente de Grabois y Massa
Esto significa que se llevarán a cabo evaluaciones sobre fondos como el FOMECA y el Fondo de Servicio Universal, donde se derivaron partidas a organizaciones vinculadas al peronismo.
El Enacom se ocupa de implementar concursos de subsidios que, entre otros proyectos, apoya procesos de actualización tecnológica, mejoras de gestión y producción de contenidos audiovisuales para radios, canales y productoras de medios comunitarios.
Esta repartición de fondos llamada FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual (gravámenes y multas) para "fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios". Y por eso, destinó unos 2 mil millones de pesos al año a radios comunitarias vinculadas a Juan Grabois y a sectores mapuches, según denuncias de la oposición.
Mientras que el FSU (Fondo de servicio universal) permitió que llegaran a cooperativas y PyMES vinculadas a Sergio Massa, alrededor de 62 mil millones de pesos otorgados durante 2023. También gobernaciones como la de Salta y de La Pampa, vinculadas al peronismo, se vieron beneficiadas, advierte fuentes del sector.
Fondos frescos para los amigos
Un ejemplo es de una asociación llamada Centro de Rehabilitación y Capacitación de Residentes Salteños (cercano a Milciades Peña quien milita con Juan Grabois) 49 millones por el FSU y por el FOMECA, unos 34 millones.
Otra fue la Asociación El Hormiguero le otorgaron 48 millones por el Fondo de Servicio Universal y por el FOMECA otros 18 millones. O sea, medios comunitarios recibiendo dinero para obtener fibra óptica o servicio de cable. Todo esto será auditado para ver si primó aquí un criterio político.
Repercusiones y antecedentes
Respecto de la intervención definida este lunes por la administración Milei, el ex vicepresidente kirchnerista del organismo Gustavo López cuestionó la decisión al considerar que “no era necesaria” y porque "evita la participación del Parlamento en el directorio.
Mientras que la Unión Argentina de Proveedores de Internet apoyó públicamente las políticas del Gobierno y pidió que se produjera una “profunda verificación de criterios de asignación y destino de los Aportes No reembolsables otorgados en el período 2019-2023”.
Desde el PRO, señalaron que esa fuerza no participa de la intervención, en la que sí formaron parte pero de 2016 al 2019, cuando durante la gestión de la hoy diputada nacional Silvana Giudici, habían reducido la planta de empleados de Enacom en 2 mil personas. Ese recorte se retrotrajo durante la gestión massista en el organismo, con Claudio Ambrosini a la cabeza.
A Ozores lo acompañarán como interventores adjuntos la abogada (con 30 años de carrera en organismos estatales y que está en el Enacom) Patricia Roldán; y el ex director del Enacom en la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra. Pereyra había sido abogado de varias empresas, entre ellas de Telefónica.
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