En la misma semana que la ministra de
Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló sobre la necesidad de
"cambiar el paradigma" en esta materia y defendió al policía Luis
Oscar Chocobar, el
Ejecutivo avanza para endurecer su política migratoria y acelerar la
deportación de los extranjeros que cometan delitos, los reincidentes y prohibir
el ingreso de aquellos que ya tengan una causa judicial abierta en el país.
Así, el Gobierno suscribió un protocolo de
acción con seis provincias: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, La
Pampa y Santa Cruz. "La idea es ofrecerles a los actores fundamentales de
los procesos de de decisión, que son los Procuradores, las herramientas que
tiene Migraciones, que son muchas. Todos los fiscales con causas con
extranjeros en conflictos con la ley nos pueden pedir información. Nosotros
tenemos todo en nuestras bases de datos y en tiempo real", señaló Horacio
García, director de Migraciones.
A las provincias mencionadas se suma Buenos
Aires, que suscribió el mismo acuerdo a finales de enero de este año.
La idea de la Rosada es avanzar con todos los
procuradores de las provincias y las justicias provinciales en un protocolo
"que permita generar procesos de información más fluidos" para
acelerar la deportación de extranjeros que ingresan a la Argentina con
antecedentes penales en sus países. Y también avanzar en la erradicación de
inmigrantes que tengan condena firme.
Este convenio fue suscripto entre el ministro
del Interior, Rogelio Frigerio; la dirección de Migraciones; representantes del
Consejo de Política Criminal de la República Argentina y el Consejo de
Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República
Argentina.
Entre otros puntos, el acuerdo establece que
Migraciones se compromete a organizar y dictar cursos de especialización sobre
normativa aplicable al proceso de admisión de extranjeros y control de
permanencia en territorio nacional, principales maniobras delictivas detectadas
que se encuentren vinculadas al ingreso y/o egreso de personas al país,
análisis de casos prácticos y jurisprudencia en la materia y problemática de su
gestión en sede administrativa y judicial.
Esta medida viene a complementar el Decreto
70/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri para acelerar la expulsión de
extranjeros acusados de la comisión de delitos, algo que causó revuelo en enero
de 2017, porque deportar a un extranjero del país no es algo jurídicamente
fácil; por ejemplo, en los casos de delincuentes comprobados y de alta
peligrosidad.
Sin embargo, y según informó García, desde la
firma de este decreto, 490 extranjeros fueron deportados. "Tenemos que
armar toda una infraestructura. No es de un día para el otro, porque cada
deportación se trabaja de manera individual. Además, este año se realizará el
G20 en el país y tenemos que estar preparados", indicó el funcionario.
En el Ejecutivo advierten que Argentina sigue
siendo uno de los países más receptores de inmigrantes en Latinoamérica.
"Nuestra política es inclusiva con inmigrantes que vienen a conocer
Argentina, a trabajar y a estudiar. Lo que queremos es ser exclusivos con los
delincuentes, los narcos y las mafias", enfatizó un funcionario.
PUBLICADO EL 09-02-2018