Cada semana, unos 60 presos con beneficios excarcelatorios participan
en la comisión de un nuevo delito en la Argentina, según un promedio calculado
entre la cantidad de reclusos alcanzados y el porcentaje de reincidencia.
Es decir que, ya sea por acceder a salidas transitorias, prisiones
domiciliarias o libertad monitoreada, esta situación involucra a más de 3.100
internos por año.
Así lo reveló el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas
sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), elaborado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, donde se establece que cada semana se aceptan
alrededor de 200 pedidos de este tipo.
Al contrastar con los datos del Registro Nacional de Reincidencia, que
dejan en evidencia que el 30% de los convictos de las cárceles argentinas
volvieron a participar de un hecho delictivo, el promedio de casos es
alarmante.
En total, son 9.471 los presos que son beneficiados al año por salidas
transitorias, régimen de semilibertad (por trabajo o educación), programa de
prelibertad (egresos previos a la liberación), prisión discontinua (permanencia
en una institución) y semidetención (prisión únicamente diurna o nocturna).
Esta cifra significa que un 24% de la población carcelaria accede a
este tipo de beneficios que contribuyen a morigerar las penas, algo que desde
asociaciones de familiares de víctimas calificaron como “desesperanzante”, al
tiempo que pidieron a la Justicia “controles estrictos” a la hora de dar beneficios
y “mayor voluntad” para buscar a aquellos que se fugan durante sus salidas.
Así se expresó Alicia Angiono,
presidenta de la ONG Madres y Familiares de Víctimas (MAFAVI), quien advirtió:
“Cuando son casos graves, los jueces tienen que asegurarse de a qué persona le
dan el beneficio. Lo lógico es que cumplan la condena”.
“Hace 14 años estoy luchando contra este tema. Las salidas de presos
peligrosos son algo recurrente y los familiares de víctimas nos volvemos locos,
porque en todo este tiempo no hubo cambios”, contó Angiono, quien desde 2003
pide justicia por el crimen de su hermano Eduardo, perpetrado en el distrito
bonaerense de Ituzaingó.
Mediante su experiencia, la líder de la ONG intentó graficar esta
problemática con su experiencia: “A uno de los asesinos de mi hermano (Diego
Andrés Vallejos) no lo juzgaron en 2003 porque tenía 17 y en 2008 fue detenido
por un robo a mano armada agravado en San Isidro. Estaba con transitorias y en
2014 las quebrantó y se fugó”.
“Le tuve que avisar yo al Servicio Penitenciario Federal que esa
persona se estaba moviendo por el barrio y es el día de hoy que no lo
encuentran por ningún lado. Siendo que los vecinos nos cuentan que se mueve a
15 cuadras de donde vivía”, resaltó.
Angiono analizó que “evidentemente no se ocupan de seguir al prófugo
porque no tienen las herramientas necesarias para encontrarlo y se produce un
círculo vicioso en el que todo funciona mal”, tras lo cual lamentó: “Los
familiares tenemos que estar atrás para que no sean beneficiadas personas que
cuando salgan van a lastimar a alguien más”.
La titular de MAFAVI brindó otro ejemplo, el de Walter Brawton: “Fue
condenado a 40 años por ocho violaciones y no cumplió 5 años que le dieron el
beneficio de visitar a la madre, que tenía un cuadro de hipertensión. Se escapó
y sigue prófugo”.
“El juez argumentó que quería “afianzar el vínculo”, pero con todo lo
que conllevó apresarlo y cómo quedaron las víctimas, solamente mostró empatía
hacia el victimario, no hacia las víctimas”, fustigó.
Lo nuestro ya no tiene marcha atrás. Uno trata de trabajar sobre la
prevención y evitar esto para que no sufran otras personas, porque es
desesperanzante que siga pasando esto. Se necesitan controles más estrictos y
voluntad para buscarlos. Que se trabaje coordinadamente, porque si no es un
combo que ayuda al victimario a que pueda seguir prófugo”, sentenció Angiono.
PUBLICADO EL 31-01-2017