La imagen que obsesiona a Brasil desde hace meses, la del expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva entrando en la cárcel, está un poco más próxima.
El líder izquierdista sufrió este miércoles un durísimo revés judicial
después de que tres magistrados de un Tribunal de Porto Alegre no solo
ratificasen por unanimidad su condena por un delito de corrupción sino que
incluso aumentasen la pena de 9 a 12 años de prisión. Lula tendrá muy difícil
llegar a las elecciones presidenciales del próximo octubre, para las que era el
candidato favorito, y queda bajo la amenaza de ir a la cárcel en las próximas
semanas.
Los mercados reaccionaron con euforia a la decisión judicial y la
Bolsa de São Paulo se disparó. Mientras, el Partido de los Trabajadores (PT)
anunció en una nota que Lula sigue siendo su candidato y denunció que su
condena es una maniobra "golpista" de los mismos sectores políticos,
judiciales y mediáticos que el año pasado impulsaron la destitución de la
anterior presidenta, Dilma Rousseff. Militantes del PT se manifestó en el
centro de São Paulo, la mayor ciudad del país.
Casi todo el mundo en Brasil, incluidos los seguidores de Lula,
contaba con una derrota judicial del expresidente en Porto Alegre, pero el
desenlace fue más allá de lo esperado. Los miembros del tribunal de apelación
fueron unánimes y acabaron incluso endureciendo la sentencia emitida el pasado
julio por el juez Sérgio Moro, cabeza visible de la mayor investigación por
corrupción en el país y a quien Lula siempre atribuyó intenciones políticas.
La sentencia también implica que Lula, a quien todas las encuestas
sitúan con una amplia ventaja para las elecciones de octubre, quede declarado
inelegible. El líder del PT puede presentar un recurso para aplazar la ejecución
de las penas ante el mismo tribunal que lo condenó. Se trata de una solicitud
de explicación de la sentencia y los tres magistrados ya anunciaron que, tras
ese trámite, pedirán que la pena se ejecute de inmediato. A Lula le quedaría
entonces la última bala, pedir el amparo del Tribunal Supremo.
Los magistrados avalaron los argumentos del juez Moro para concluir
que Lula recibió un apartamento triplex en una playa del litoral de São Paulo
como un soborno de la constuctora OAS, beneficiaria de contratos de la
petrolera pública Petrobras. Los jueces rechazaron las alegaciones de la
defensa de que ni Lula ni su familia llegaron nunca a ocupar la vivienda y que
de hecho no existe ningún documento que pruebe que el expresidente es su
propietario.
Pero los magistrados replicaron que hay numerosas pruebas de que el
inmueble estaba reservado para la familia de Lula y que incluso se realizaron
obras de reforma en él para adaptarlo a las solicitudes de sus futuros
ocupantes. El tribunal, como antes había hecho Moro, dio también toda la
credibilidad a la confesión premiada del expresidente de la constructora OAS
Leo Pinheiro, quien desveló el acuerdo para regalar el apartamento a Lula.
"La OAS fue el testaferro del verdadero titular del inmueble
[Lula]", sentenció el magistrado João Pedro Gebran Neto, quien también
consideró que existen "pruebas más allá de lo razonable de que el
presidente fue uno de los principales artífices, sino el principal" del
sistema de corrupción creado a través de los contratos de la Petrobras. Ese
sistema, según los jueces, implicaba el pago de sobornos para financiar al PT y
hacer favores personales a algunos de sus dirigentes. Otro de los jueces,
Lenadro Paulsen, argumentó que Lula estaba perfectamente al tanto de los acuerdos
para el pago de comisiones ilegales por parte de las contratistas de la
petrolera.
Tanto los magistrados como la fiscalía insistieron en negar que el
proceso tenga un carácter político, como vienen denunciando Lula y sus
seguidores. "No juzgamos al hombre o al personaje, reconocido estadista,
si no a quien cometió delito", señaló Gebran Neto, quien, no obstante,
insistió en que los crímenes son más graves por el hecho de que fuesen
cometidos por una persona que fue presidente de la República, ya que eso supone
una "desestabilización del orden democrático".
El fiscal, Mauricio Gotardo, criticó también duramente la campaña del
PT para denunciar el juicio contra Lula, con protestas públicas que se han
repetido en los dos últimos días en Porto Alegre. El representante del
ministerio público denunció que el PT creó una "tropa de choque" que
usó prácticas "próximas al delito de coacción" con el único propósito
de "perpetuar un proyecto político personal".
La larguísima sesión del tribunal, de más de seis horas, fue
retransmitida por televisión e Internet a un país expectante ante una decisión
crucial para su futuro político. Esa sensación se trasladó a las calles de
algunas ciudades, comenzando por Porto Alegre, donde miles de militantes del PT
habían empezado a llegar el lunes para defender a su líder. Mientras el
tribunal leía la sentencia, Lula acudía a sus orígenes, al local del Sindicato
de Metalúrgicos de São Paulo, donde comenzó a fraguar su liderazgo. Su futuro
parece cada vez más incierto, pero la víspera ya había avisado: “Solo una cosa
me va a sacar de hacer lo que estoy haciendo: el día que me muera”.
PUBLICADO EL 24-01-2017