Son fondos que las asociaciones recibían de manera automática para
financiar el sistema de salud.
En plena tensión con los gremios el Gobierno avanza con el recorte de
una caja millonaria a las obras sociales de los sindicatos, que son las
dependencias que reciben mayor cantidad de fondos de estos organismos. Se trata
del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que fue implementado durante
el kirchnerismo para compensar asimetrías y se distribuye de manera automática.
Se trata de unos $ 950 millones, que el Gobierno quiere reducir a la mitad para
este año y eliminar para el 2019.
La medida que impulsa el Ejecutivo se produce en un contexto de
relaciones tirantes con los gremios, en medio del avance de las causas por
corrupción en las asociaciones y de las detenciones de dirigentes como como
Marcelo Balcedo (SOEME), Juan Pablo "Pata" Medina (UOCRA), Omar "Caballo"
Suárez (SOMU), además de las investigaciones a Víctor Santa María (SUTERH) y
Hugo Moyano (Camioneros).
El subsidio fue instaurado durante el kirchnerismo y dispone la
transferencia automática de fondos a las obras sociales, que se originan a
partir del 5% de la recaudación de Aportes y Contribuciones que van al Fondo
Solidario de Redistribución, y que actualmente son unos $ 950 millones.
Los millonarios fondos se asignan de acuerdo al tamaño del sindicato.
El 20% se fracciona en partes iguales a las obras sociales con más de 5.000
afiliados, mientras que el 80% restante se distribuye proporcionalmente por el
número de afiliados. Así, las obras sociales con una cantidad menor a ese
número de afiliados recibe una compensación, al igual que las más chicas.
El objetivo del Gobierno es igualmente que se fusionen las obras
sociales de los gremios menos poderosos o que compartan recursos. Por otro
lado, los fondos que les quitarán serán destinados a la ampliación de la
cobertura de jubilados y monotributistas, consigna Clarín.
El Gobierno prepara una batería de auditorías a los gremios
La Casa Rosada pondrá en marcha una serie de medidas de control a los
sindicatos. Al relevamiento de asociaciones y presentación de declaraciones
juradas de los jefes de las obras sociales se sumarán el monitoreo de libros
contables, padrones y bienes de los gremios.
El plan estará a cargo del Ministerio de Trabajo y de la
Superintendencia de Servicios de Salud, que empezarán a pedirles información
clave a los gremios, como libros contables, movimientos de cuentas bancarias,
padrones de afiliados e inmuebles registrados.
Luego cruzarán datos con las bases de AFIP, del Banco Central, la
Inspección General de Justicia y los registros de la Propiedad, para detectar
posibles irregularidades. Si las asociaciones no entregan la información
requerida podrían ser sancionadas.
Otra de las medidas en estudio es la prohibición que de que los
líderes sindicales sean sucedidos por familiares, como es tradición en los
gremios, en los que abundan casos como de Moyano en Camioneros, Balcedo en
SOEME, o Santa María en SUTERH.
PUBLICADO EL 22-01-2017