La última vez que vieron con vida a Daniel Solano (26) fue en la
madrugada del 5 de noviembre de 2011 afuera de un boliche en Choele Choel. De
acuerdo al relato de numerosos testigos, unos policías que hacían horas extras
en el local Macuba lo sacaron a los golpes y lo subieron a un vehículo.
El cuerpo nunca apareció y la teoría sobré qué sucedió con este
trabajador golondrina, oriundo de Tartagal, convertido en un informal vocero de
150 trabajadores golondrina que operaban para la empresa “Agro Cosecha”, han
sido muchas, algunas incluso delirantes. Como la que planteó una jueza
interviniente al principio de la causa. “¿Por qué no lo buscan en Bolivia?”,
preguntó Marisa Bosco. Poco después fue recusada.
Lo último que se sabe de esta extensa investigación es que dos
testigos bajo reserva de identidad le aseguraron al defensor de la familia
Sergio Heredia y al juez de Garantías de Choele Choel, Roberto Gaviña, que el
cadáver de Solano fue arrojado en un jagüel (un pozo de agua) de unos 80 metros
en las afueras de Choele Choel.
El magistrado dispuso para el jueves próximo, a las 9, que una empresa
y un grupo de especialistas, entre antropólogos forenses y geólogos, realice la
búsqueda. Esto podría poner un final al misterio sobre qué sucedió con el
joven.
Solano asistía por segundo año consecutivo a un establecimiento de
Lamarque como trabajador golondrina junto con otros 150 operarios. Había
llegado en octubre desde Salta junto con otros conocidos, entre ellos primos y
tíos.
Las condiciones laborales eran las de siempre y el joven las aceptaba.
Largas jornadas de trabajo, comida de baja calidad, camastros en un galpón (las
llaman gamelas) y un baño para más de un centenar de obreros. El lugar,
detallan fuentes de la causa, era custodiado por ex agentes de un grupo
especial de la Policía, BORA.
Sin embargo, cuando le pagaron por la primera quincena de trabajo,
Solano y otros operarios entendieron que la empresa les estaba dando 1.000
pesos menos de lo acordado. Con un tío acordaron reclamarle a los propietarios
la diferencia. “No les dieron ni bola, los atendieron en la escalera, nunca
llegaron a la oficina”, relató un familiar.
Según cuentan sus allegados, Solano era el trabajador con mejor
formación en el grupo. Tenía vocación por las matemáticas y su proyecto era
juntar dinero para proseguir estudios universitarios. Esto lo convirtió por
defecto en el representante de la gamela. En un nuevo intento por conversar con
los administradores, un capataz le ofreció dinero extra para convertirse en un
“insider” que les transmitiera el comportamiento de sus compañeros. El joven se
negó.
Los operarios plantearon un paro para el lunes 7 de noviembre. Un
hecho inédito en el Valle Medio, donde los trabajadores golondrina no hacen
medidas de fuerza. El viernes desde temprano comenzaron a llegar rumores a la
gamela sobre que podrían escarmentar a Solano o expulsarlo del trabajo, indica
hoy el abogado. A pesar de la recomendación de que no saliera aquella noche, el
joven partió al boliche.
Cerca de las 3.30 de la madrugada tres policías lo sacaron a los
golpes del local. Afuera había otros dos. En la vereda los continuaron
atacando. Hay más de cinco testigos directos. Una joven, según consta en la
investigación, llegó a gritar: “¡Paren, lo van a matar!”. Lo subieron a una Eco
Sport. Una pareja que andaba en moto los siguió hasta el balneario municipal
Isla 92, donde les perdieron el rastro.
Nuevos testigos con identidad reservada aseguran ahora que Solano fue
llevado a la comisaría 8° y allí llegó en estado crítico. “Un médico, del cual
tenemos todos los datos, lo atendió. Hay un testigo que indicó que decidieron
fusilarlo porque no iba a sobrevivir y usaron una carabina. Tenemos el nombre
la persona que arrojó el cuerpo al jagüel”, dice Heredia. El abogado asegura
que el joven fue arrojado al pozo y que lo cubrieron con dos sacos de cal, el
cuerpo de una vaca y una heladera, entre otros objetos.
El pozo se encuentra en el establecimiento rural “La Manuela”, a 15
kilómetros de Choele Choel. El proceso de exploración del jagüel es costoso y
complicado. La empresa Petersen de Salta asumió el trabajo que cotizó en 3
millones de pesos. La Provincia de Río Negro acordó entregar un millón. El
resto tendrá que conseguirlo por sus medios la propia familia.
Por otro lado, el 20 febrero se desarrollará el juicio contra los
siete policías que están acusados de haber participado de la desaparición de
Solano en la ex Cámara Criminal Segunda de Roca. La causa está caratulada como
“desaparición forzada de persona”. Se trata de Sandro Berthe, Juan Barrera,
Pablo Bender, Andrés Albarran, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez.
Todos se encuentran en el ejercicio de sus funciones y trabajando en
distintas comisarías.
Estos agentes ya estuvieron en prisión bajo los mismos cargos en julio
de 2012, pero quedaron en libertad en septiembre de 2015 al no haber sentencia
definitiva.
PUBLICADO EL 23-01-2017