El Ministerio de Seguridad informará el monto destinado para la
captura de cada sospechoso y espera que los juzgados habiliten la recuperación
de ese dinero.
Cuatro presuntos narcos habían sido detenidos por la Gendarmería
Nacional en un operativo en el cual se secuestraron más de 4000 kilos de marihuana.
Estaban alojados en una dependencia de Eldorado, en Misiones. Pero ante la
información de que sus cómplices iban a tratar de rescatarlos, el Ministerio de
Seguridad de la Nación decidió trasladarlos. Primero en helicóptero hasta
Posadas y después en avión hasta Buenos Aires. Los costos del operativo
ascendieron a $1.200.000.
El Estado busca ahora recuperar el dinero utilizado para
investigaciones de delitos complejos, como el narcotráfico, y busca que los
gastos de las causas judiciales sean pagados por los delincuentes condenados.
Así surge de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación
que instruyó a las cuatro fuerzas federales para que informen a las autoridades
judiciales los "gastos incurridos en las tareas encomendadas en cada causa,
a los que efectos de que sean contemplados en el momento de la determinación de
las costas del proceso".
Según informaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el
director nacional de Articulación y Enlace con los Poderes Judiciales, Diego Nazareno,
esa posibilidad figura en el Código Procesal Penal de la Nación, pero nunca se
llevó a cabo.
"Cada gasto es una inversión que hace la gente. Que los
condenados por delitos complejos se hagan cargo de los costos de los operativos
e investigaciones es una manera de valorar el esfuerzo que hace la ciudadanía.
Que el delincuente pague penalmente con una condena y también pague de su
bolsillo", sostuvo Bullrich.
Las máximas autoridades de la Policía Federal Argentina (PFA), la
Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA) ya fueron puestas en conocimiento de la decisión. Lo mismo
sucedió con la Cámara Federal de Casación Penal.
El Ministerio de Seguridad de la Nación entregará a las fuerzas
federales una "planilla base" con los ítems que intentarán cobrarles
a los narcos, acusados de trata de personas, falsificadores de billetes y
lavadores de activos, entre otros.
Entre los puntos por cobrar figuran: narcotest orientativo, custodia
de vehículos, custodia de personas, custodia de domicilios, tareas de
investigación, intervenciones telefónicas, peritajes contables, peritajes
informáticos, peritajes fotográficos, rastreo y búsqueda de personas, análisis
de la escena del crimen y peritajes sobre videos y análisis de imágenes.
Una vez que el costo del operativo esté definido se le enviará al juez
a cargo de la causa una factura para que se tenga en cuenta en el momento de
fijar el embargo preventivo sobre los bienes de los acusados.
"La intención es conseguir las medidas cautelares para en la
sentencia definitiva poder cobrar las costas", explicó Bullrich.
En el Ministerio de Seguridad saben que la iniciativa será resistida
por las defensas de los narcos y otros sospechosos en investigaciones sobre
delitos complejos.
El artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación establece que
"las costas serán a cargo de la parte vencida, pero el tribunal podrá
eximirla, total o parcialmente, cuando hubiera tenido razón plausible para
litigar".
En el artículo 533 se explica que las costas son el pago de la tasa de
justicia; los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos, y
demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. Es este
el último punto que quiere hacer valer el Ministerio de Seguridad con la
resolución 2018-49.
Recursos limitados
"Ante estas previsiones legales corresponde a las fuerzas
federales y de seguridad, recuperar los gastos efectuados por las diferentes
tareas de investigaciones o periciales, sean estas ordenadas por los órganos
judiciales u obedezcan a tareas preliminares. La medida tiende a poner en equilibrio
presupuestario las tareas de policía judicial como las de policía de
prevención, dado que el aumento de la asignación de recursos para una afecta
directa y proporcionalmente a la otra", se afirmó en los considerandos de
la resolución ministerial.
Según Bullrich y Nazareno hay otros países que cobran gastos de los
operativos, como Chile. La agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por
sus siglas en inglés), explicaron los funcionarios, también obtiene un
porcentaje de los bienes decomisados a los narcotraficantes.
"Estos delitos, en los cuales la organización y la metodología
tornan sumamente compleja la dilucidación de los autores materiales y la
determinación de la responsabilidad de cada uno, ponen en evidencia la
necesidad de aplicar cuantiosos recursos para su esclarecimiento. Sería
conveniente que esos recursos ingresen en el Estado nacional para compensar los
grandes gastos en que se incurre para el esclarecimiento de hechos criminales.
Constituye un objetivo liminar [sic] de esta administración contar con mejor
tecnología para lograr con mayor eficiencia en la captura y puesta a
disposición del Poder Judicial de aquellos que cometen violaciones del
ordenamiento jurídico", se sostuvo en la resolución ministerial.
La factura para delincuentes
Narcotest
Se cobrará el valor de los reactivos que califican drogas
Teléfonos intervenidos
Algunas investigaciones tienen varios meses de escuchas
Traslados
El condenado deberá abonar los viáticos de policías
Peritaje informático
Cada operativo necesita evaluaciones sobre computadoras
Escenas de crimen
Deberá pagarse por el material usado en reconstrucciones
Rastreo de personas
El uso de perros encarecerá la sanción del condenado
Análisis de imágenes
Todo peritaje de cámaras tendrá un precio
Tarea de investigación
Se definirá el valor de la hora de trabajo de los agentes
Custodias
Se pagará más si los agentes vigilaron casas o vehículos
Fotografías
Las imágenes de vigilancia aumentarán el costo
PUBLICADO EL 24-01-2017