La
Intendenta en ejercicio de sus funciones y la Legisladora Provincial Norma
Coronel, amenazaron con demandar al municipio si en el ámbito de la Justicia no
se les revoca una multa que les impuso el Tribunal de Cuentas por violar el
secreto de sumario de una investigación. La actual Presidenta del Tribunal de
Cuentas también suscribió a la polémica estrategia legal de las otras dos
funcionarias.
En
abril pasado y con los votos de tres de los cuatro integrantes del Tribunal de
Cuentas, el órgano de control le aplicó multas a Costa, Carrasco y Coronel.
Cada funcionaria debía pagar en un lapso de 30 días un monto de 33.589 pesos ya
que el Tribunal de Cuentas las encontró responsables de violar el secreto sobre
un sumario por una investigación periodística de este diario y para esclarecer
la cuestionada compra de bancos antivandálicos que fueron instalados en dos
espacios públicos de Allen.
En
un audio que luego reconoció como auténtico, María Carrasco -quien en una
entrevista radial dijo que efectivamente era su voz y que esa charla había
existido- y que fue grabada mediante un celular al parecer por otro funcionario
que está siendo investigado por abuso sexual, luego de su filtración y difusión en todos
los medios de prensa, sacó a la luz la
estrategia que tejieron las tres funcionarias multadas para que el ex
secretario de Obras Públicas Víctor Curimil, salga airoso del sumario, algo que
luego se cumplió al pie de la letra.
En
esa reunión se oyen las voces de Costa, Coronel (que por ese entonces era
secretaria Legal y Técnica del Ejecutivo) y Carrasco, hablando abiertamente del
tema. La intendenta preguntó que había que hacer para sacar a Víctor de “esto”
y Carrasco, que presidía del Tribunal, no sólo marcó lo que les podía pasar,
sino que brindó información sensible, bajo secreto, que contenía el sumario a
cargo del órgano de control que ella misma encabezaba.
Las
funcionarias, ahora en conjunto, no reconocen sus voces en el audio. Piden que
se revoque la resolución mediante la cual el Tribunal de Cuentas impuso las
multas y que las costas del proceso judicial recaigan sobre el órgano de
control.
Lo
que resulta llamativo es que las principales autoridades en ejercicio de la
ciudad dejan en claro que accionarán contra la misma ciudad que gobierna si no
se atiende su reclamo. “Subsidiariamente, y sólo para el caso en que se rechace
nuestro planteo, entiéndase presentada contra la Municipalidad de Allen”, dice
la demanda.
La
negativa de las demandantes a pagar la multa y reconocer que violaron un
proceso administrativo, engrosa la lista de gastos a cargo de la comuna. Para
realizar el sumario que fue violado el Tribunal de Cuentas tuvo que pagarle a
una sumariante externa. Y ahora, para contestar la demanda, el mismo poder
desembolsó alrededor de 30.000 pesos para pagar los honorarios de abogados
externos. (Río Negro – Infoallen)
PUBLICADO EL 20-12-2017