La Cámara Civil de Apelaciones de Roca confirmó
parcialmente la sentencia dictada por la titular del Juzgado Civil N° 21 de
Villa Regina y ratificó una condena de daños y perjuicios contra el responsable
de un blog informativo por haber publicado un artículo "con temeraria
despreocupación por la veracidad o falsedad de lo que se informaba",
causando un daño moral a la persona a quien aludía, quien por entonces era un
funcionario municipal reginense.
Tras un detallado análisis de los planteos de ambas
partes y del fallo de primera instancia, los jueces de la Cámara Civil Adriana
Mariani (voto rector) y Víctor Soto ratificaron que el comunicador deberá
indemnizar con 25.000 pesos más intereses al afectado.
El caso se inició por publicaciones hechas en 2011
en un blog-periódico local de Villa Regina. Con su apelación, el periodista
logró revertir la declaración de "antijurídico" dada en primera
instancia a uno de los artículos en cuestión, pero se mantuvo en pie su
obligación de resarcir al ex funcionario por otro artículo que, a criterio de
la Cámara, resultó "difamatorio" y excedió la garantía constitucional
del derecho a la información y a expresar las ideas por las prensa.
Siguiendo criterios de la Corte Suprema y la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, el Tribunal de Roca diferenció las
publicaciones que reflejan una "simple opinión", las cuales en
principio quedan amparadas por la garantía constitucional, de los artículos en
los que se describen hechos como verídicos y sobre los mismos se emiten
valoraciones. En estos últimos, sí corresponde indemnizar los posibles daños
causados cuando la información, referida a asuntos de interés público, se haya
publicado "a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca
de tal circunstancia", es decir, con "real malicia".
En la publicación se advierte "una sesgada e
injuriante versión de los hechos" y "en ese contexto, aún cuando
distingamos entre artículos de opinión (en principio amparados por la libertad
de expresión) y relatos fácticos, considero que el artículo (...) tuvo un
carácter difamatorio que no es esperable tolerar, aún de parte de un
funcionario público", valoró la Cámara. Allí el periodista atribuía al
funcionario, "sin temor a equivocarme (...) la figura de incumplimiento o
mal desempeño de los deberes de funcionario público" y lo señalaba como
miembro de "una verdadera banda" junto con otros referentes del
gobierno local.
La Cámara, sin embargo, convalidó una segunda
publicación por considerar que "no aplica según los estándares de la
doctrina de la 'real malicia' para atribuir responsabilidad al
periodista". Se trataba de un artículo en el que se publicaba un recibo de
sueldo del funcionario y se sostenían comentarios que no eran
"asertivos" sino "una opinión" del periodista.
El Tribunal de Apelación, por último, recordó en su
fallo: "La Constitución de Río Negro declara en su art. 26 la
inviolabilidad del derecho de toda persona de expresar libremente sus ideas y
opiniones", y prevé que "aquél que abusare de este derecho sólo será
responsable de los delitos comunes en que incurriere a su amparo y de las
lesiones que causare a quienes resultaren afectados...". Es decir que la
Constitución Provincial garantiza la libertad de expresión pero "no ampara
la calumnia, ni la injuria ni la difamación", enfatizó la Cámara.
Corresponde señalar que la sentencia no se
encuentra firme, puesto que la parte demandada ha planteado un recurso de
casación.
PUBLICADO EL
30-10-2017
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