Una de las boletas, fechada en 2010, alquilaba
"espacios comunes y amenities" a una firma del empresario K en Madero
Center. Por esta causa, la expresidenta está procesada.
La causa de Los Sauces es una de las que más
inquieta al entorno de Cristina Kirchner. En esa causa judicial se investiga un
procedimiento ilegal por el cual el matrimonio Kirchner, dueño de esa empresa
inmobiliaria, hacía pasar como alquilados departamentos a otras empresas, entre
las cuales están las de Cristóbal López y Lázaro Báez. Ahora salieron a la luz
las primeras facturas que demuestran el vínculo comercial entre el empresario
dueño de medios y la expresidenta.
De acuerdo a lo que publicó La Nación, los Kirchner
pagaron 54 mil pesos por adelantado cuando iniciaron su negocio con López en
2009. Ese año estaban en pleno proceso pre-electoral hacia las legislativas en
las que hubo candidaturas testimoniales. Cristina ya era presidenta hace dos
años.
Una de las boletas publicadas señala, dentro del
servicio que da Los Sauces, una "locación de espacios comunes y amenities
pertenecientes al inmueble piso 4 depto D, edificio Madero Center"; es
decir que incluía gimnasio, solárium, sauna y cuatro piletas. Se trata de la
factura 115, escrita a mano y fechada el 14 de mayo de 2010 entre Los Sauces y
la Inversora M&S, una firma fantasma, por un total de 256.138,80 pesos.
La prueba está incluída entre las facturas que
intengran la frondosa causa Los Sauces. Se estima que, a través de este sistema
en Madero Center -que después se amplió a otros lugares-, López y su socio,
Fabian De Sousa, le entregaron a la empresa de la familia Kirchner al menos
18,6 millones de pesos. A estos empresarios también se le sumó Lázaro Báez, amigo
personal de Néstor Kirchner, quien también financió de esta manera al entonces
matrimonio presidencial.
Cristina Kirchner y Cristóbal López, procesados por
Los Sauces
El pasado 4 de abril, el juez federal Claudio
Bonadio dictó el procesamiento de Cristina Kirchner en esta causa. El
magistrado consideró a la exjefa de Estado, sobre la que ordenó un embargo por
130 millones de pesos, "penalmente responsable de los delitos de tomar
parte en una asociación ilícita en calidad de jefe".
Además, indicó que "el delito de lavado de
activos de origen ilícito" está agravado por ser haber sido en su cargo de
funcionaria pública. Los hijos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner,
también fueron acusados por Bonadio de encabezar esa supuesta asociación
ilegal.
La causa surgió en abril de 2016 a partir de una
denuncia presentada por la diputada Margarita Stolbizer, quien acusó a la
familia presidencial de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado
de dinero en supuestas transacciones ilícitas con los empresarios Cristóbal
López y Lázaro Báez, también procesados por Bonadio.
PUBLICADO EL
03-07-2017
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