La Oficina Anticorrupción presentó hoy ante la
Justicia una denuncia por el “desvío ilegal de fondos de la TV Pública hacia la
productora PPT, por publicidad oficial de la ANSES”, en el programa 6,7,8. El
organismo oficial acusa a Tristán Bauer y Diego Gvirtz, entre otros.
Según la denuncia, cuando la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) estaba a cargo del actual diputado
peronista Diego Bossio, pagó $ 176 millones en Publicidad No Tradicional (PNT)
a 6,7,8 de la TV Pública, entre los años 2010 y 2015, de los cuales $ 88
millones –sin actualización inflacionaria- fueron desviados irregularmente a la
productora Pensado Para Televisión (PPT), que hacía ese programa, cuyo dueño
era Diego Gvirtz.
“Este monto, además de determinar un perjuicio para
el canal estatal, paralelamente producía un beneficio indebido a la productora
que, por contrato, sabía que esos fondos no le correspondían”, asegura la
denuncia del organismo que está a cargo de Laura Alonso. Y reclama una medida
cautelar que en forma “urgente” inmovilice los bienes de la productora, ahora
en manos del empresario K Cristóbal López; y el “embargo anticipado” de tres
propiedades de Diego y Fernando Gvirtz, que antes eran los dueños de PPT, así
como embargos sobre sus empresas Clean Collector, El Gran Pope, Real Time,
Right Choice y Read Sea Investments -con domicilio en Panamá-.
La primera denuncia la hizo Hernán Lombardi,
titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, quien presentó un
informe el año pasado ante la Oficina Anticorrupción (OA). En ese entonces,
Lombardi había detectado la irregular transferencia de $ 15 millones de la
ANSeS a la productora de 6,7,8, durante 2015. La OA hizo la investigación,
consiguió la normativa vigente para la contratación de publicidad oficial y
todos los contratos de la productora, Télam, ANSES y la TV Pública. Y hoy
presenta la denuncia ante la Justicia.
“Esta denuncia prueba cómo la plata de los
jubilados se desviaba para financiar el aparato de propaganda kirchnerista. Y
lo hacían, además, desde la TV Pública y con la plata de los jubilados”, dijo
Lombardi. Y agregó: “Los supuestos defensores de lo público, le dieron el
horario principal de la TV Pública a una productora privada, para el
linchamiento de los que pensaban diferente. Privatizaron el prime time y encima
se llevaban la plata de los jubilados”.
La denuncia que va a presentar la OA plantea que
ANSES le pagó a la TV Pública $ $ 176.502.339 en Publicidad No Tradicional,
entre marzo de 2010 y diciembre de 2015. Y se constató que la productora cobró
la mitad de ese dinero, en forma irregular, es decir, $88.251.170. Esa plata se
le giró “de manera indebida, por fuera del contrato, sin ninguna justificación
y en detrimento del patrimonio de RTA (Radio y Televisión Argentina) y, como
contrapartida, le generó un lucro ilegítimo a PPT”, dice la denuncia.
El delito que se habría cometido desde la TV
Pública es el de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración
pública”; y desde ANSeS “esta acción podría encuadrarse en la comisión del
delito de negociaciones incompatibles con la función pública”.
Es que la publicidad de ANSES era comercializada
por la TV Pública y no se le podía transferir la mitad a la productora. Además,
los PNT podían ser sólo para anunciantes privados, pero no para organismos
públicos. Por eso, “la facturación en su totalidad debía beneficiar a la TV
Pública, que era la que tenía el vínculo específico, en el que fundamentaba la
ANSES su pago”, plantea la OA.
“Esta circunstancia no podía ser ajena a quien
administraba RTA y que a su vez firmaba los contratos con PPT, Tristán Bauer.
También, se entiende que deberá evaluarse la posible responsabilidad del
entonces director ejecutivo de Canal 7, Martín Bonavetti”, dice la denuncia. Y
agrega que “la ANSES actuó con una clara tendencia” para beneficiar al programa
6-7-8 y al resto de programas y medios de PPT, persiguiendo un interés distinto
al de la administración pública. El planificador de medios de ANSES era la
agencia Braga Menéndez y el titular del organismo en todo ese período fue Diego
Bossio.
La denuncia plantea que, “desde otro lado, quienes
desde la productora recibieron estos pagos ilegítimos también deben ser
investigados”. Entre ellos, Diego Gvirtz, dueño de la productora; y Fernando
Gvirtz, quien firmó todos los contratos de coproducción del programa.
Además de los $ 88 millones en publicidad que
recibió de la ANSES, el Gobierno le pagó en esos años $ 147 millones a la
productora de 6-7-8 para realizar el programa –sin actualización
inflacionaria-. Sólo en 2015 recibió $ 37 millones para la producción y $ 15 millones
de la ANSeS. En esos años, el gobierno apelaba todos los juicios de los
jubilados, porque decía que no tenía plata para pagarles.
PUBLICADO EL
29-05-2017
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