Después que la Justicia pidió a la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) que oficie de perito en una denuncia contra el ex
ministro Julio De Vido por “defraudación contra la administración pública”, el
organismo que dirige Javier Iguacel (dependiente del ministerio de Transporte),
detectó un perjuicio de $ 400 millones en una obra que se realizó “de manera
totalmente irregular” en la provincia de Río Negro. Los fondos provinieron del
a DNV que dependía del extinto ministerio de Planificación Federal.
Con una maniobra similar a las denunciadas contra
Austral Construcciones SA (ACSA) firma insignia de Lázaro Báez, en otra
provincia patagónica, Río Negro, la DNV detectó sobreprecios, adjudicaciones
irregulares, retrasos en la ejecución de obra y privilegios para una sola
empresa. Se trata de la reparación de la Ruta Nacional 23 Los
Menucos-Maquinchao que fue otorgada a Juan Felipe Gancedo SA.
El gobierno kirchnerista firmó un convenio para
trabajos de terraplenes, desmontes, obra de enripiado de la Ruta 23 en Río
Negro por $ 39 millones y un plazo de obra de 24 meses. Al momento de analizar
los expedientes la actual gestión, se concluyó que la obra debía hacerla Viarse
(vialidad rionegrina sociedad del Estado), sin embargo "de forma
inconsulta decidieron subcontratar a una empresa para que haga los
trabajos", explicaron desde Vialidad.
El tramo de 72 kilómetros en cuestión, fue otorgado
a la única empresa que participó de la licitación: Gancedo SA por $ 39
millones. "Estamos frente una ficción, una maniobra que enmarcó la obra
como si se tratara de un proceso de licitación pública", remarca la
denuncia que recayó en el juzgado Nº 1 a cargo de la jueza María Servini de
Cubría.
Vialidad Nacional señaló que Gancedo SA "había
sido elegido de antemano y de manera arbitraria y discrecional" y
sostuvieron que el proceso licitatorio "jamás fue llevado a cabo".
Incluso, no hay constancia de que la empresa "haya comprado el pliego ni
consta pedido de consulta sobre la documentación", consigna el informe
pericial. Aparte, se trata de una empresa "que no es del rubro vial"
y que "completó la oferta como si hubiera sabido de antemano de la futura
adjudicación", dice el texto judicial.
En 2007 (once meses después de iniciadas las obras
en los primeros 10 Km) se firmó una adenda entre DNV y Viarse donde se consignó
que los fondos comprometidos eran suficiente sólo para la mitad de los
kilómetros contemplados en la obra. Así, sin llamar a una nueva licitación se
amplió el contratoen una "proporción del 115% dejando la primera sección
de la obra con un valor de $ 39 millones y la segunda con un presupuesto de $
52 millones con 36 meses de plazo de ejecución".
En los papeles, según el informe pericial, más allá
de la variación de costos, figuraba que Viarse era la empresa ejecutora y
facturaba los trabajos a Vialidad Nacional para la obtención de certificados y
que se generó un esquema "de doble certificación confuso, onerosos e
innecesariamente opaco".
Los peritos de Vialidad detectaron, en medio de
estas irregularidades, "considerable sobreprecios" por el orden del
43,71%. Con valores actualizados a diciembre de 2016 y en función de los
rendimientos de la obra "se estima que el perjuicio que sufrió la DNV es
de $ 328.484.276". A esto debe sumarse que Viarse recibió del organismo vial
"sumas de dinero muy superiores" a las que se le pagó a Gancedo, la
diferencia asciende a $ 45.254.671.
Además, en redeterminaciones de precios se pagaron
sumas muy por encima de lo pactado: $ 17,6 millones. Todo da una cifra global
de casi $ 400 millones, "por una obra terminada muy tarde y con muy mala
calidad, una vez más vemos la corrupción en la obra pública", señalaron
fuentes oficiales.
La denuncia apunta contra toda la cúpula de DNV del
gobierno de Cristina Kirchner, que dependía directamente de De Vido, entre
ellos Sandro Férgola y Nelson Periotti (ambos procesados por corrupción en la
obra pública) y a las autoridades provinciales de Viarse, como al presidente de
Gancedo SA.
PUBLICADO EL
12-05-2017
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