En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito
y lavado de dinero, que tramita el fiscal platense Alvaro Garganta contra
Daniel Scioli y varios de sus funcionarios, ayer fueron allanados un
departamento del ex jefe de gabinete Alberto Pérez y una galería de arte. El
operativo se realizó en busca de evidencias, entre ellas eventuales
facturaciones en la compra de obras de alto costo.
Según el fiscal, “en el departamento de Caballito
encontramos varios cuadros y esculturas de firma, de mucho valor económico; y
en la galería de arte Zurbarán, se incautaron varias boletas de compra de
dichas obras”, explicó Garganta.
El procedimiento, a cargo de la Policía Federal y
la provincial, duró un par de horas en la calle Alvear al 1600, en el barrio
porteño de Recoleta, propiedad de Ignacio Gutiérrez Zaldívar.
De acuerdo con el acta de allanamiento, se
secuestraron tres computadoras y registro de documentación de venta de
pinturas. Alguna de ellas, de acuerdo con una información difundida por TN,
corresponde a la autoría de Benito Quinquela Martín.
La fiscalìa investiga los supuestos delitos de
enriquecimiento ilícito y lavado de activos a través de maniobras desde el
Estado provincial, en el período 2007-2015. Entre ellos, con la confección de
facturas apócrifas. Pérez quedó involucrado en la imputación de esos ilícitos.
También el ex director de Administración de la jefatura de Gabinete bonaerense,
Walter Carbone, de notoriedad pasajera por el secuestro de su casa de Abril de
un dragón alado con caja fuerte incorporada en su vientre metálico.
Ambos se encuentran con prohibición de salir del
país y multas por 15 millones de pesos. En las próximas horas, la cámara
debería pronunciarse por esa inhibición de abandonar Argentina por la
presunción de fuga. También por una probable atenuación de la multa.
Garganta intenta hallar evidencias sobre
irregularidades, según su acusación, que terminen comprometiendo a Pérez y
Carbone en manejos públicos en 2014-2015, en el tramo final de la gestión
Scioli.
Garganta afirma en el detalle de la causa que “sustrajeron
en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos, destinados
a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del
primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.
La causa se inició hace un año con una presentación
de la diputada nacional Elisa Carrió. Los fundamentos del pedido de
investigación citan “cajas negras” en la administración sciolista y los
organismos públicos en foco son ABSA, Lotería, IOMA y Jefatura de Gabinete.
Hace dos semanas,Scioli declaró en una ampliación
de testimonial ante Garganta y negó las irregularidades que la Justicia le
adjudica.
Los cargo incluyen, además, asociación ilícita,
administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público
y negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.
El ex gobernador declaró, entonces, que desde el
Ejecutivo “jamás” incidió para que algún ministerio contrate a una empresa o le
adjudique a una persona alguna obra.
Su resguardo, en principio, es simple: “No tengo
firmado trámites” de esa naturaleza, respondió al interrogatorio.
En la estrategia de la defensa, el aparato
burocrático es un escudo formal. Ejemplo: en el vuelo a Cuba en avión privado y
con tripulación que incluía a una modelo, se amparó en que el pedido de
contratación “fue cursado a la Unidad Gobierno” y allí se resolvió el tramite.
PUBLICADO EL
01-04-2017
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