Un juez le pidió al Jefe de Gabinete que le diera
un destino social a los casi 800 mil dólares descubiertos en una valija en
Aeroparque. La ministra Stanley eligió el proyecto.
Fue una madrugada fría y brumosa de agosto, hace
casi diez años: recién aterrizado en Aeroparque, a uno de los pasajeros de un
jet privado fletado por la empresa estatal Enarsa desde Caracas la Policía de
Seguridad Aeroportuaria le encontró en su valija 790.550 dólares. ¿Su nombre?
Guido Antonini Wilson, un ignoto empresario venezolano que viajaba en ese vuelo
junto al presidente de la petrolera creada por el kirchnerismo, Exequiel
Espinoza; al titular del ente controlador de los peajes y hombre de absoluta
confianza de Néstor Kirchner y Julio De Vido, Claudio Uberti; y a directivos de
la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El escándalo por el portentoso hallazgo fue
gigantesco. Empañó la campaña presidencial de Cristina Kirchner -a la que
estaban destinados los dólares voladores, según declaró después Antonini
Wilson- y causó un incidente diplomático con Estados Unidos, cuando la flamante
presidenta acusó a Washington de proteger al supuesto dueño de aquella valija,
a quien nadie había molestado en Buenos Aires ni impedido su sigilosa partida a
Uruguay dos días después del episodio en Aeroparque.
Como en otras tantas causas de corrupción, el fuego
de aquel incendio fue apagándose con el tiempo, mientras el dinero secuestrado
a Antonini como prueba de un supuesto contrabando se mantenía bajo una
burocrática guarda judicial. Hasta ahora: en septiembre del año pasado, el
titular del juzgado en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola -que tiene la causa
que involucra a Antonini Wilson-, ordenó el decomiso definitivo de la fortuna
incautada hace una década y le pidió al Jefe de Gabinete Marcos Peña que
estableciera “cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública
(salud, educación, o cualquier otro)” para esa plata.
Aunque lógica y a todas luces tardía, la decisión
de Yadarola no dejó de ser atrevida, ya que hasta ahora ningún juez había
ordenado el decomiso de fondos en una causa sin sentencia firme. El magistrado
lo convocó a Peña como "administrador general del país", según la
competencia que le otorga la Constitución.
La jefatura de Gabinete inició entonces una ronda
de consultas para destinar los dólares de Antonini a algún proyecto de impacto
social. Entre otras ideas, se analizó utilizar la plata para la construcción de
un centro para víctimas de violencia de género, pero finalmente la ministra de
Desarollo Social Carolina Stanley propuso financiar la construcción de dos
espacios de primera infancia en las localidades de Gran Tucumán y Tafí Viejo,
de la provincia de Tucumán. "Allí se prevé la atención integral en doble
jornada de más de 200 niños y niñas de 45 días a 4 años, junto con sus familias",
explican a Clarín desde la Jefatura de Gabinete. "En un plazo aproximado
de doce meses esperamos comprar los predios para los dos centros, adquirir los
materiales para construir, contratar la mano de obra y comprar el equipamiento
necesario para su funcionamiento".
El plan también contempla un convenio con la
Asociación Civil Centro de Madres Cildañez, que además de participar y
controlar el avance y los detalles de la obra trabajará en los centros de
primera infancia cuando estén en funcionamiento.
"Además de ser el primer decomiso de dinero
que vuelve al Estado, se trata de un caso emblemático que todo el mundo
recuerda", dicen en las oficinas de Marcos Peña. "Estamos trabajado
para lograr el recupero de activos en forma sistemática, para lo cual sería
clave que el Senado apruebe el proyecto de extinción de dominio de bienes
incautados en casos de corrupción, para tener más herramientas",
presionan. Esa ley, que dio el primer paso en Diputados sin muchas objeciones,
está paralizada en la Cámara Alta por la resistencia pertinaz de los bloques
opositores.
PUBLICADO EL
26-03-2017
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