Es por la causa contra el empresario por presunta
insolvencia fiscal fraudulenta y apropiación de aportes previsionales.
Un año después de que saliera a la luz la deuda
tributaria por más de $8000 millones que acumulaban Cristóbal López y su socio
Fabián de Sousa, la Justicia allanó otra vez sus empresas. Así lo ordenó la
jueza en lo penal económico Verónica Straccia, por la presunta insolvencia
fiscal fraudulenta y la apropiación indebida de aportes previsionales y
retenciones impositivas.
Los allanamientos abarcaron doce domicilios de
empresas del Grupo Indalo en las ciudades de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia,
Rosario y Catamarca, en busca de documentos de relevancia para la
investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario.
Los operativos alcanzaron algunas de las empresas
más icónicas del Grupo, como Ideas del Sur -cuyo rostro visible es Marcelo
Tinelli-, Alcalis de la Patagonia, el diario Ámbito Financiero, la productora
audiovisual La Corte y el banco Finansur.
Según revelaciones periodíticas de marzo de 2016 -q
derivaron en la radicación de dos denuncias penales por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP)-, López y De Sousa retuvieron los aportes
previsionales de los empleados de múltiples empresas del Grupo Indalo por
cifras superiores a los $ 300 millones.
Esa retención respondió a una decisión estratégica
de los dueños del Grupo Indalo, que optaron por destinar lo
"ahorrado" en sus empresas a comprar nuevas firmas o financiar
operaciones de las que ya tenían. Para eso, también retuvieron otros fondos: $
8000 millones en concepto del impuesto a la transferencia de los combustibles
(ITC), $ 250 millones del cobro de peajes como concesionario de autopistas y
otros $ 520 millones correspondientes a multas pendientes.
A esas primeras firmas allanadas ayer del Grupo
Indalo se sumaron, además, el casino de Rosario, Votionis -controlante de Radio
10-, Paraná Metal, La Salamandra, Argentina Corre, Imagen Radial, DH Com y
Radio Productora 2000.
Los operativos dispuestos por la jueza Straccia
también se extendieron a otras firmas controladas por los patagónicos López y
De Sousa. Entre otras, Esuvial, Petrolera Cerro Negro, Parador Diez, IGD y
Establecimiento Santa Elena.
Desde el Grupo Indalo, sin embargo, quisieron
quitarle relevancia a los allanamientos. "Estamos colaborando con la
Justicia en todo lo que nos pide, aunque ya se habían llevado todo [en
anteriores operativos]". "Mientras más medidas de prueba se tomen,
mejor, para que se aclare todo", plantearon.
Moratoria
En esa línea, junto a López y De Sousa indicaron
que algunas de las empresas allanadas "ya están al día", mientras que
adelantaron que otras "están entrando a la moratoria" que impulsó el
Gobierno y que establece la suspensión -y eventual extinción- de la acción
penal para aquellos que regularicen su situación tributaria y previsional.
Los abogados del Grupo Indalo ya comunicaron esa
decisión en varios expedientes judiciales. Así, en agosto pasado le pidieron a
la jueza Straccia que ordene un peritaje contable o que la AFIP determine
"cuáles son los períodos por los que subsiste la imputación penal",
tras la sanción de la ley de moratoria. "En caso de subsistir alguna
imputación penal", abundaron, la "decisión" de las empresas
Inversora M&S y Oil M&S, entre otras, es "acogerse a los
beneficios de la moratoria fiscal regulada por la ley 27.260 y demás normas
complementarias".
Dos meses después, en octubre pasado, dieron el
siguiente paso con Oil Combustibles, la petrolera del Grupo que acumula la
deuda de $ 8000 millones por el ITC, según le comunicaron esta semana al juez
en lo comercial que instruye el concurso de la petrolera, Héctor Vitale.
"El 12.10.16 mi mandante expresó su voluntad
de acogimiento a dicho régimen" de moratoria, plantearon los abogados de
la petrolera, que buscaron englobar la deuda como parte del concurso. "En
función de esta manifestación de voluntad, hago saber que en la oportunidad
correspondiente Oil Combustibles ejercerá la opción de pago contado o en cuotas
establecida en el régimen".
Para eso, desde el Grupo Indalo adelantaron que
López y De Sousa recurrirán a un acuerdo de capitalización con Gunvor Group, un
fondo radicado en Suiza de origen ruso al que el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos durante la administración de Barack Obama sancionó por sus
presuntos vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Vitale tomó nota del planteo de los abogados de
López y De Sousa, pero postergó una definición hasta que se verifique cuánto de
su deuda sería anterior al concurso de acreedores y, por lo tanto, quedaría
fuera del "referido plan de facilidades de pago".
PUBLICADO EL
24-03-2017
POR
INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar
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JUDICIALES