Conversaciones entre la expresidenta Cristina
Kirchner y su extitular de la AFI Oscar Parrilli motivaron una nueva denuncia
en contra de la exmandataria por el presunto armado de denuncias falsas contra
el exjefe de Operaciones de la SIDE, Antonio Jaime Stiuso. El exespía se había
convertido en un enemigo público del kirchnerismo después de la muerte del
fiscal Alberto Nisman.
El fiscal Guillermo Marijuan, que tenía intervenido
el teléfono de Parrilli a raíz de una investigación al narcotraficante Ider
Esteban Pérez Corradi, obtuvo los audios que sustentarían la denuncia e
imputará a Cristina cuando se reabra la feria judicial bajo la figura de
"abuso de autoridad en concurso por falsas denuncias".
En esas charlas desgrabadas por la Justicia,
Parrilli y Cristina dialogaban sobre el exagente de la SIDE. "Empezá a
buscar todas las causas que le armamos a Situso. No que le armamos, que lo
denunciamos", le ordena a su funcionario. Parrrilli le contesta que son
ocho las que le hicieron. La expresidenta le hizo un comentario sobre el fiscal
Gerardo Pollicita, que investigaba la causa de la efedrina. "Es un
coimero", exclamó. Entonces, Parrilli le advirtió que el teléfono por el
cual estaban hablando estaba "pinchado".
La interna entre Cristina y Stiuso es muy conocida:
en distintos momentos, la expresidenta dejó trascender que la denuncia que hizo
Nisman por encubrimiento a Irán había sido redactada por el propio espía, al
que había echado un mes atrás de su cargo en la SIDE.
Tras la muerte del fiscal, Cristina creó la AFI y
nombró allí a Parrilli, quien se desempeñaba como secretario general de
Presidencia y era uno de sus hombres de mayor confianza en la Casa Rosada.
Una vez como jefe los espías, Parrilli comenzó a
efectuar una denuncia tras otra contra Stiuso al que lo acusó de lavado de
dinero, contrabando y asociación ilícita, entre otras denuncias.
Un nuevo frente judicial
La exmandataria tiene diversas causas en la
Justicia. La más importante es por la que está procesada y que podría llegar a
juicio oral en 2017. Se trata de la investigación de corrupción en el
otorgamiento de la obra pública.
A raíz de un informe de los fiscales Pollicita e
Ignacio Mahiques, en el que detallaron la existencia de una matriz de
corrupción para enriquecer al empresario Lázaro Báez con fondos públicos, el
juez federal Julián Ercolini la procesó por asociación ilícita y administración
fraudulenta agravada, y le trabó un embargo por $ 10.000 millones.
PUBLICADO EL
20-01-2017
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