El Gobierno decidió no prorrogar
la devolución del 5% del IVA en las compras con tarjetas de débito que regía
desde 2001. Así lo informaron fuentes de la Casa de Gobierno, que expresaron
que "el costo fiscal era alto y no cumplía con el objetivo de fomentar el
uso de las tarjetas".
El beneficio se renovaba cada
año desde 2001 -cuando fue instaurado junto con el corralito bancario por el
gobierno de la Alianza- y este año cayó de hecho porque no se dictó una norma
para prorrogarlo.
Una fuente oficial indicó que
"la idea es compensar parcialmente el costo de la reforma en el impuesto a
las ganancias, y además la gente no usaba más la tarjeta de débito por esta
devolución".
Según la planilla de gastos
tributarios del presupuesto 2017, votada por el Congreso Nacional y promulgada
por el Poder Ejecutivo, el beneficio iba a ser prorrogado este año.
En 2015, por este descuento, el
Gobierno gastó $ 4535 millones, cifra que se elevó a $ 6077 millones el año
pasado, y para este año tenía previsto gastar $ 7511 millones.
El secretario de prensa de CAME,
Vicente Lourenzo, señaló que "la devolución era una medida importante de
incentivo; esto puede generar un desincentivo parcial a comprar y eso nos
preocupa, sobre todo después de los siete puntos de caída en las ventas en
2016. Era importante sobre todo para los empleados en relación de dependencia,
porque había mucha gente acostumbrada a pagar con tarjeta de débito".
En respuesta a varios
comentarios que mencionaban la cuestión, el vicepresidente del BCRA, Lucas
Llach, también respondió a través de esa red social: "Creo que el
principal obstáculo es en la recepción del pago; por eso este año aparecerán
los aparatitos para recibir transferencias a cero costo".
La fuente oficial destacó como
más relevante el beneficio del 15% por el uso de las tarjetas para jubilados
que cobren la mínima, pensionados y aquellos que perciben la Asignación
Universal por Hijo y la asignación por embarazo.
Este régimen se aplica a las
operaciones que se hagan hasta el 31 de diciembre de 2017, y el decreto
determina que la devolución será del 15% del monto abonado por las operaciones
de compra, en tanto no supere el monto máximo de $ 300 por mes y por
beneficiario; y en el caso de la Asignación Universal por Hijo, por embarazo y
pensiones por fallecimiento, el reintegro se considerará por cada prestación
recibida.
PUBLICADO EL 03/01/2017
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