El Gobierno de Cambiemos buscará
intercambiar información penal con otros países para comenzar a aplicar
controles más duros en migraciones y restringir el ingreso de extranjeros con
antecedentes.
Aunque ya venía trabajando en reforzar los
controles migratorios, el impacto por el crimen de Brian Aguinaco aceleró la
discusión y el Gobierno planea avanzar en una política migratoria más dura.
El tema forma parte de la agenda de la mesa que se
desprendió del "Gabinete Nacional del Programa Siria", creado por el
presidente Mauricio Macri a través de un decreto, publicó este domingo el
diario Clarín. En ese marco, los ministros y representantes de las áreas que
articulan la recepción de los refugiados sirios, especialmente los ministerios
del Interior (Migraciones y Renaper), Desarrollo Social, Seguridad y la
Cancillería, también analizan alternativas para dar una respuesta a una
situación que, admiten en el Gobierno, preocupa: el desembarco de inmigrantes
con prontuario delictivo intenso en sus países.
La canciller Susana Malcorra dijo que la Argentina
está recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que
revisar dado que esa persona podría estar escapando de la ley en su país.
"No podemos volvernos un país cerrado, pero al
mismo tiempo tenemos que ser un país responsable de que acogemos a aquellos que
vienen a la Argentina a ser parte de un proyecto con buena voluntad". ¿Qué
se entiende por 'buena voluntad'? "Esas cuestiones son las que la ley o la
revisión de la ley va a tratar de ajustar", deslizó Malcorra.
En el Gobierno no dudan que hay que tomar medidas
aunque subyacen diferencias respecto a cómo implementarlas: hay quienes creen
que se debe hacer a través un proyecto de ley o un decreto, otros que entienden
que alcanza con aplicar con firmeza la legislación vigente.
Y citan el inciso C del artículo 29 de la ley
25.871, de Migraciones, que fija como impedimento para el ingreso y permanencia
a aquel extranjero que haya sido "condenado" o tenga
"antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por
lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas" o por "un
delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad
de tres (3) años o más".
PUBLICADO EL
16-01-2017
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