La Defensora del Pueblo de Río
Negro e Integrantes del Programa de Asistencia a Víctimas de Trata de Río Negro
intentaron relevar la zona de los hornos de ladrillos de Allen pero encontraron
resistencia en los campamentos y no pudieron iniciar con las inspecciones. La
acción se llevó adelante por pedido de la Defensoría del Pueblo de la
provincia, organismo desde el que ahora se requerirá la intervención de la
Justicia Federal.
A fines de diciembre de 2016 y
luego de que el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) en conjunto con el proyecto
“La Otra Trama” publicaran una investigación sobre el trabajo y la vida en los
hornos ladrilleros de Allen, la defensora del Pueblo, Nadina Díaz, se avocó de
oficio a investigar el presunto trabajo infantil y la trata de personas en ese
lugar.
Díaz tomó como referencia la
investigación de Fopea y puso en conocimiento de las situaciones descriptas en
el informe a la Fiscalía Federal de Roca.
Las actuaciones
La defensora corrió traslado de
las actuaciones a la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación como así también a las secretarías de Trabajo y
de Promoción y Protección de los Derechos Sociales de la Provincia de Río
Negro.
El miércoles cuatro miembros del
Programa Provincial de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas concurrieron
a la zona ladrillera de la Colonia 12 de Octubre para comenzar a relevar el
terreno y el resultado no fue el mejor.
“Le gente del equipo que estuvo
intentando relevar la situación no pudo ingresar a la Colonia 12 de Octubre
porque hubo resistencia en la comunidad ladrillera. Algunos Se pusieron
agresivos”, se indicó desde la Defensoría del Pueblo. “A simple vista pudieron
observar que hay vulnerabilidad social”, se agregó.
La investigación contó cómo se
desarrolla la actividad ladrillera, que transita por la informalidad laboral en
más de 100 campamentos que existen en Allen. Expuso además la precariedad que
padecen los obreros, el trabajo de las mujeres y el de los niños que –pese a
que están prohibidos por el convenio colectivo de trabajo del ladrillo y por la
ley 26390– en ambos casos es visto por la comunidad boliviana que lleva
adelante la actividad como una cuestión cultural. Desde la Defensoría del
Pueblo se adelantó que toda la información recabada del tema será remitida al
Juzgado Federal de Roca para que intervenga. (Río Negro).-
PUBLICADO EL 07-01-2017
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