El gobierno provincial presentó
una acción de amparo contra la Resolución 626, en la que se le solicita a la
Justicia Federal no innovar respecto del ingreso de carne de cerdo desde zonas
libres de fiebre aftosa con vacunación a zonas sin vacunación, como Neuquén.
También se enviaron notas a funcionarios nacionales.
El gobierno provincial presentó
un amparo contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa), por el dictado de la Resolución 626 del 2 de noviembre. El recurso
solicita no innovar respecto del ingreso de carne de cerdo desde zonas libres
de fiebre aftosa con vacunación a zonas sin vacunación, como Neuquén. La medida
la tomó el gobernador Omar Gutiérrez, quien instruyó a la Fiscalía de Estado
para presentar la acción en el Juzgado Federal.
El ministro de Producción y
Turismo, José Brillo sostuvo que “siempre fue un riesgo importar carne de cerdo
y por eso no lo hacíamos. Lo que planteamos en la presentación judicial es que
a las provincias patagónicas se les hizo una consulta previa, que hizo el
Senasa durante 15 días, y Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego rechazaron absolutamente la resolución. O sea que fue una consulta que
evidentemente fue no vinculante”, y que “tampoco se le pidió opinión a la
Organización Internacional de Epizootia ni a los mercados internacionales a los
cuales podrían ir nuestros productos”.
“Para nuestra producción, la
resolución es terminal para nuestros productores, porque los grandes
hipermercados tienen sus propios mataderos y frigoríficos, y si distribuyen sus
productos en todos los supermercados de la Patagonia nuestros productores dejan
de existir”, aseveró el funcionario y resumió que “nuestra posición es la que
debe tener un gobierno, que defiende la intangibilidad sanitaria y su sistema de
producción”.
Brillo explicó que hace 15 años
que se están haciendo inversiones en la provincia en materia de producción de
cerdos y mataderos. “Tenemos casi diez mataderos que con un gran esfuerzo se
está tratando de reactivarlos como el de Aluminé, Andacollo, Añelo, Loncopué,
Tricao Malal, Barrancas, Piedra del Águila, Zapala, Centenario y Senillosa.
Todo este esfuerzo podría ser en vano si se avanza con esto”, manifestó.
El ministro detalló que además
de la presentación judicial, se le remitió una nota el ministro de
Agroindustria de la Nación “donde le manifestamos nuestro rechazo y también
viajé personalmente para hablar con el director de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Ricardo Negri, al cual le expresé la posición de Neuquén. No hubo ningún
tipo de consideración. Es una decisión, y esta es mi opinión, que excede al
Senasa”.
Riesgo sanitario
En la presentación se detalla
que “la Organización Internacional de Epizootia (OIE), sólo autoriza a ingresar
cerdos domésticos provenientes de otra zona sin vacunación, y además prevé la
exigencia de un certificado veterinario internacional que acredite ciertas
condiciones de sanidad. Es decir, prohíbe el ingreso de carne de cerdo
doméstico, de cualquier tipo, con o sin hueso, desde zonas libres de aftosa con
vacunación”. Desde el 24 de mayo de 2001, la resolución 58 prohibía el ingreso
a la zona libre de aftosa sin vacunación de la carne de cerdo fresca, con y sin
hueso, y ahora el Senasa decidió “inobservarla y autorizar el ingreso de carne
de cerdo sin hueso desde la zona libre de aftosa con vacunación”.
“No se ajusta a la verdad lo
expresado en la Resolución 626 sobre que el ingreso de carne porcina
deshuesada, originaria de zona libre de Fiebre Aftosa con vacunación, a una
libre de aftosa sin vacunación, no implica riesgo sanitario. También es falsa
la afirmación con relación a que ese ingreso se encuentra amparado con el
Código Sanitario para Animales Terrestres de la OIE en el capítulo fiebre
aftosa”, señala la presentación y agrega que “a zonas libre de aftosa sin
vacunación solo se autoriza a ingresar carne de cerdos domésticos provenientes
de otra zona sin vacunación, por ello no deben quedar dudas de la falsedad, ya
que se ha autorizado el ingreso desde una zona con vacunación”.
“Creemos que, por razones
sanitarias, esta modificación de la actual legislación, por ser Argentina
miembro de dicha organización internacional que tiene por objetivo velar por la
sanidad animal mundial, debió contemplar alguna explicación para tal
trascendente cambio, que a criterio a la OEI implica un grave riesgo
sanitario”, se explica.
Además, otro de los puntos que
expuso el gobierno en el amparo es que “Neuquén posee una industria porcina de
excelencia y capaz de proveer no solo al mercado interno, sino que también al
internacional en razón de su status sanitario internacional superior al de las
provincias del centro y del norte, que ahora es puesto en peligro por el
Senasa”. Detalla que “es absolutamente
irrazonable que se ponga en riesgo la sanidad de los animales domésticos y de
la fauna silvestre por una supuesta necesidad inexistente, que por otra parte
nadie manifestó que existiera, y menos nuestra provincia y sus habitantes”.
Se recordó que en la audiencia
pública a la que convocó el Senasa, el gobierno del Neuquén y de las otras
provincias de la región patagónica “no solo aseguraron que no existen problemas
de abastecimiento, sino que dejaron sentada su oposición, tanto por la
afectación de su status sanitario, como por el daño a la industria nacida y
fomentada a partir de tener en cuenta la potencialidad del producto, en razón
del status sanitario internacional único en el país, y apreciado en el mundo”,
y que Neuquén también advirtió sobre el riesgo sanitario por enfermedades como
aujezky, gastroenteritis transmisible porcina y brucelosis porcina, entre
otras.
“Si bien las opiniones recabadas
en la consulta pública no se consideraron vinculantes, no es menos cierto que
por tratarse de la opinión de al menos cinco provincias afectadas por la
medida, la resolución debió al menos intentar explicar los motivos por los
cuales se las desoía, por lo menos si se pretendía cumplir con la obligación
legal de argumentar la resolución”, detalla.
Se consideró “inexplicable que
durante 16 años el Senasa decomisó e incineró cientos de kilos de carne animal
proveniente de zonas libre de aftosa con vacunación, y que además destinó un
millonario presupuesto para instalar y operar las barreras sanitarias de
protección, a través del cual logró poner a la región Patagónica en el lugar más
alto de sanidad de animales que producen carne, para que, en cuestión de
minutos, se exponga a la región a perder su status internacional, y la sanidad
de sus animales domésticos y silvestres, tirar por la borda millones de pesos y
el trabajo de veterinarios y especialistas comprometidos con los lineamientos
de la FAO y de la OIE”.
Autonomía provincial y
producción local
La acción que promueve el
gobierno considera que la resolución del Senasa “viola la autonomía de la
Provincia del Neuquén consagrada por los artículos 5, 124 y 125 de la
Constitución Nacional, al impedirle proteger la intangibilidad sanitaria de su
territorio y el status sanitario de excelencia reconocido internacionalmente
debido a la certificación otorgada por la OIE, status que en Sudamérica solo
gozan la región Patagónica, Perú, Colombia y el estado de Santa Catarina en
Brasil”.
También, prosigue, “viola el
derecho de los productores de carne porcina de la Provincia del Neuquén y de
los frigoríficos, que decidieron realizar grandes inversiones teniendo en
cuenta las características de sanidad del producto único en el país, que lo
posicionaba como proveedor de los mercados más importantes del mundo”, y afecta
“el derecho del gobierno autónomo de la provincia del Neuquén a proveer el bienestar
de su población a través de la promoción y el fomento de la industria de las
actividades productivas”.
Además, la medida “le impone a
los productores e industria local una competencia desleal ya que las ventajas
que tienen los productores del centro y norte del país como el acceso a insumos
más baratos, se les reduce por las desventajas de tener productos bajo riesgos
sanitarios”, es decir que “se le quita al producto patagónico todas las
ventajas competitivas relacionadas con su sello sanitario internacional de
excelencia, permitiendo que productos que se producen a menor costo, pero en
condiciones de riesgo sanitario, ocupan su lugar, lo que llevará a la
destrucción de la producción e industria local”.
Se considera también que la
medida “afectará insalvablemente la intangibilidad sanitaria de la región, y se
pondrá en riesgo la sanidad de los animales domésticos productores de carne
afectando, insalvablemente, la seguridad alimentaria de la población, y la
forma de vida y sustento de los crianceros rurales”, poniendo “en riesgo a la
fauna silvestre susceptible de contagio de fiebre aftosa, violando el derecho a
los habitantes de la provincia de gozar de un medio ambiente saludable”.
La resolución del organismo
nacional “expone a la región a perder el status sanitario internacional como
región libre de aftosa sin vacunación, lo cual le cerrará los mercados internacionales
afectando su producción e industria, y el derecho a ejercerla por parte de sus
habitantes, a la vez que implicará la afectación del patrimonio de sus
habitantes y el ingreso de fondos públicos para la provincia y divisas para el
país”, y que la “intangibilidad sanitaria se pierde por el solo ingreso de un
animal contaminado, y lleva años eliminar los brotes y lograr la nueva
acreditación internacional”.
“En función de la gravedad del
daño, cierto e inminente, que la arbitraria e ilegítima conducta de los
demandados está produciendo en la actualidad, y que será de imposible
reparación ulterior, solicitamos a V.S. que decrete, inaudita parte y desde la
misma interposición de esta acción de amparo, una medida cautelar de no innovar
respecto de la situación existente antes del dictado de la Resolución del Senasa Nº 626, de fecha 2 de noviembre de 2016, solicitando la
suspensión de sus efectos con relación a la región Patagónica Norte, en la que
se encuentra la provincia del Neuquén”, concluye la presentación.
PUBLICADO EL 07/11/2016
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