El fiscal Eduardo Taiano imputó
a Rocío García, pareja de Máximo Kirchner, en la causa que investiga la
presunta defraudación al Estado por los manejos irregulares en el plan
Argentina Sonríe.
Además, quedaron imputados Elena
Morán (madre del diputado Andrés "Cuervo" Larroque) coordinadora
general, María Belén César Gallardo (nuera de Julio De Vido), directora
nacional de Salud Bucodental, Eduardo Bustos Villar que encargó los trabajos a
Callmed SA, entre otros ex funcionarios, según confirmaron fuentes judiciales.
El programa, que dirigió Rocío
García, actual ministra de Salud de Santa Cruz, fue derogado hace dos semanas
por el Gobierno y posteriormente denunciado penalmente por la Oficina
Anticorrupción (OA) por el presunto delito de "defraudación a la
administración pública". Sobreprecios, direccionamientos de las compras y
favorecimiento de un único proveedor (agravado por posible vínculo familiar),
incumplimiento de los procesos licitatorios, adquisiciones de materiales
innecesarios, son algunas de las acusaciones que señala la denuncia.
La causa quedó en el juzgado de
Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano decidió hoy imputar a las
principales autoridades del plan de Salud bucal. García definida por la
auditoría del Ministerio de Salud de la actual gestión como “quien decidía qué
se hacía y qué no”, fue la referente regional del programa en el sur.
El plan Argentina Sonríe demandó
una erogación de $ 223 millones para once campañas de las cuales seis se
realizaron sólo en Santa Cruz, y que según el ministerio de Salud las
actividades fueron realizadas "con fines electorales", en un año
donde Máximo y Alicia Kirchner fueron los principales candidatos del FpV en la
provincia.
Entre las principales
acusaciones que recaen sobre la nuera de Cristina Kirchner y demás autoridades
del programa, está el presunto direccionamiento de las contrataciones y compras
de insumos a una misma empresa: Callmed S.A que a su vez, uno de sus
integrantes tendría vínculos familiares con Rolando Nervi, la mano derecha de
Rocío García en Santa Cruz y actual viceministro de salud provincial.
También la "triangulación
de los pagos con tres Universidades", para la refuncionalización de los
móviles que demandaron $31.411.100. Para evitar los circuitos administrativos
correspondientes, la OA señala que se usaron las universidad nacional de Chaco,
de Entre Ríos y de San Martín para el manejo de estos fondos. En muchos casos,
no rendidos y con rendiciones irregulares.
Además deberán explicar la
compra de "tecnología odontológica que excede tanto los fundamentos de la
atención primaria de la salud como también, la etapa rehabilitadora con
prótesis parcial y/o completa de acrílico". Entre otros aspectos, también
se denunció el pago de presuntos sobreprecios,
compras de insumos de forma directa sin el proceso de licitación
correspondiente.
Todo esto fue calificado como
"negociaciones incompatibles con la función pública" y/o
"defraudación en perjuicio de la administración pública".
PUBLICADO EL 07/11/2016
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