La iniciativa del Poder
Ejecutivo, que cuenta con el vital respaldo el Frente Renovador y de diputados
de Progresistas, no tendría dificultades en obtener la media sanción en la
sesión especial prevista para ese día.
Tras el debate en el recinto, se
prevé que el bloque Justicialista acompañe la votación en general y rechace
algunos artículos durante el debate en particular; mientras el kirchnerismo y
la izquierda, en sintonía con sus dictámenes de minoría, rechazarán la
iniciativa.
De acuerdo al texto que estará
en debate, el cargo de Procurador General durará cinco años, con posibilidad de
ser extendido por cinco más, a solicitud del Presidente de la Nación; por lo
que se descuenta que la actual procuradora, designada durante la gestión
kirchnerista, dejaría su cargo en agosto de 2017.
Además, entre los fundamentos
para proponer la remoción de la jefa de las fiscales, el proyecto suma a las
actuales causales de impedimento la "participación en actividad
partidaria", lo que complicaría a la actual procuradora por su vinculación
a 'Justicia Legítima'.
Una clausula transitoria del
proyecto establece también que la bicameral de Ministerio Público deberá avalar
los nombramientos de los fiscales de distrito, así como sus traslados, y
revisar además las designaciones realizadas en las once direcciones generales
en las que Gils Carbó apuntala su gestión.
En el articulado que se votaría
el miércoles en el recinto, la bicameral tendrá las atribuciones que en el
proyecto original se le pretendían dar a un 'Consejo General del Ministerio
Público Fiscal', que quedará integrado por el procurador, tres fiscales
generales y tres fiscales, aunque con escaso poder.
En el proyecto original,
presentado en junio al Parlamento, el Poder Ejecutivo proponía que el mandato
fuera de cuatro años, pero finalmente se impuso la decisión de que sean cinco,
con opción de cinco más y a pedido del Poder Ejecutivo.
Además, quedó totalmente
eliminada la implementación de cuatro sub procuradurías, por debajo de la
figura del procurador general, entre otras cuestiones.
Sobre el tratamiento del
proyecto, el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre (UCR-Cambiemos),
aseguró que "los consensos están para que sea aprobado" en la sesión
del miércoles.
Negó también que se trate de
"una injerencia del Poder Legislativo al Judicial", como planteaban
algunos miembros del sector judicial, que rechazaron de plano al texto.
"No entiendo cuáles son las
objeciones a que el Ministerio Público sea controlado. En modo alguno es una
injerencia", aseguró Mestre, quien dijo que Brasil, México, Paraguay y
Ecuador "tienen plazos acotados" y puso de relieve que "el
presidente, el vicepresidente, los legisladores, tienen mandatos limitados,
menos el Procurador".
Si bien no descartó que se
puedan introducir modificaciones al proyecto en el recinto, sostuvo que la
iniciativa busca "democratizar el Ministerio Público Fiscal e introduce
además del tema del plazo, del control por parte de una Comisión Bicameral y un
mecanismo de remoción del Procurador", entre otras cuestiones, para
establecer "un contrapeso y que no todo recaiga en una sola persona",
es decir el Procurador General de la Nación, como hasta ahora.
En el mismo sentido se expresó
el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien tras la firma del dictamen por parte
del plenario de comisiones de Diputados consideró que al frente de la
Procuración General de la Nación debe haber "alguien de prestigio y que
reúna consenso".
"Nos pueden acusar de
muchas cosas, menos de estar operando en la Justicia. Siempre dijimos que Gils
Carbó tenía una visión militante de la Justicia, y eso es algo que no puede
aceptarse. Ella se define como una militante política", recordó el jefe de
Gabinete.
Si bien en el dictamen se omitió
refrendar las continuidades de las unidades fiscales que investigan los delitos
de violencia de género y el robo de bebés durante la última dictadura, desde el
Poder Ejecutivo aclararon que "se harán los cambios que hagan falta"
en el recinto.
Concretamente, el ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aclaró, a través de un texto que
posteó en su cuenta personal de la red social Twitter, que el proyecto del
Ejecutivo "no propone suprimir fiscalías".
"El proyecto de ley del MPF
no propone suprimir fiscalías especializadas. La UF de Violencia contra las
mujeres seguirá trabajando normalmente", sostuvo el ministro.
PUBLICADO EL 23/10/2016
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