El oficialismo de la Cámara de Diputados presentó
una iniciativa legislativa para reformar la ley de Defensa de la Competencia.
El oficialismo de la Cámara de Diputados presentó
un proyecto para reformar la ley de Defensa de la Competencia, que prevé la
creación de la figura del arrepentido para combatir las prácticas monopólicas y
de abuso de posición dominante, la conformación de la Agencia Nacional de la
Competencia como un ente autárquico y la imposición de fuertes multas
económicas, entre otros puntos.
"Este proyecto es para proteger a consumidores
y productores contra la cartelización en muchos sectores", dijo la
diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) durante la presentación en la que
también estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el
ministro de Producción, Francisco Cabrera y el secretario de Comercio, Miguel
Braun.
Además, acompañaron a Carrió en la presentación, el
coautor del proyecto y titular del bloque radical, Mario Negri; el presidente
de la Cámara, el macrista Emilio Monzó; y el jefe del bloque PRO, Nicolás
Massot.
"Nosotros queremos una Argentina de
competencia y esta Ley va a permitir que haya competitividad para la
exportación y que no haya abusos ni concentración", sostuvo Carrió, quien
tomó el papel protagónico durante la presentación.
En ese sentido, la líder de la Coalición Cívica,
enfatizó: "Lo que tiene que estar claro es que la Argentina en competencia
es un país que puede exportar y que baje los precios".
Para Carrió "hasta hoy tenemos un modelo hecho
para la concentración económica y el trabajo de colaboración en Cambiemos
muestra que la República debe funcionar así porque no hay mas Cámaras que
obedezcan, no hay más 'escribanías': hay trabajo en conjunto entre Legislativo
y Ejecutivo".
Más precisa, recordó: "Vengo denunciando el
tema de la cartelización desde el 2003, cuando cada presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción arreglaba con las provincias que empresas se
quedaba con cada obra sin que haya competencia y con coimas a los gobernadores".
"No puede ser que en la Argentina los
alimentos tengan los precios que tienen, siendo uno de los países con mayor
llanura del mundo. Se van a terminar las cartelizaciones, porque se pueden
bajar los precios y subir la calidad", expresó.
En tanto, Negri dijo que "el objetivo de este
ley es proteger el bienestar de los consumidores y el correcto funcionamiento
del mercado para que no haya conductas cartelizadas ni abusos de posición
dominante".
"La ley actual (25.156) ha quedado obsoleta,
por eso es momento de sancionar una nueva norma que incorpore las mejores
prácticas internacionales en Defensa de la Competencia".
El cordobés aclaró que "esta ley no es contra
nadie, sino que es en favor de la sociedad", que "el gobierno no arma
leyes para perjudicar a nadie" y que "el ultimo que hizo mal uso de
las herramientas del Estado en materia de competencia fue el -secretario de
Comercio de los gobiernos kirchneristas, Guillermo- Moreno".
A su turno, Cabrera indicó que "el Poder
Ejecutivo apoya este proyecto porque la defensa de la competencia es un pilar
fundamental del Plan Productivo Nacional en el que trabajamos todos
juntos".
"Tenemos la responsabilidad de crear las
condiciones para que la Argentina tenga de una vez por todas reglas claras para
los consumidores y que sea un escenario propicio que aliente las inversiones de
las PyMEs para generar más empleo y estar a la altura de las mejores prácticas
internacionales", añadió.
Por su parte, el secretario de Comercio, Miguel
Braun, acompañado por el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, Esteban Greco, resaltó "la importancia de este proyecto"
porque "consolida la visión del Gobierno de tener un instrumento legítimo
para defender los intereses de los consumidores y evitar abusos que afecten el
bolsillo de la gente".
"Esperamos que esta iniciativa contribuya a
potenciar el trabajo transparente y profesional que viene llevando la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia", agregó.
Los principales referentes de Cambiemos confiaron que
el proyecto ingresaría en un plenario de comisiones la semana próxima, y que el
objetivo es "convertirlo en ley antes de fin de año".
Entre los puntos principales del proyecto redactado
por Negri y Carrió se destaca la creación de la Agencia Nacional de la
Competencia como ente autárquico, dado que en la actualidad existe ese
organismo, pero depende de la Secretaría de Comercio.
Otro aspecto central es la creación de la figura
del arrepentido, con el objeto de que una persona o empresa pueda denunciar el
propio accionar monopólico, para que se pueda evitar esa cartelización que
sucede cuando se acuerdan precios entre dos o varias empresas.
Otro aspecto de la reforma de la ley de Defensa de
la Competencia es el aumento de las multas a las empresas que realizan
prácticas de abuso de posición dominante, ya que las mismas están muy
desactualizadas.
También su subirá el monto para pedir autorización
para la fusión de empresas.
La ley de Defensa de la Competencia actual fue
sancionada en agosto de 1999 en el tramo final del gobierno del peronista
Carlos Menem, como parte de una exigencia surgida de la reforma constitucional
de 1994, aunque nunca se conformó el tribunal que debía aplicar y controlar el
cumplimiento de esta norma.
Sobre las penalidades que prevé el proyecto
El proyecto de ley estipula multas de hasta 3.000
millones de pesos ajustables por el Indice de Precios al Consumidor, en lo que
constituye uno de los mayores aspectos para enfrentar los casos de abuso de
posición dominante o cartelización.
El texto elaborado por el presidente del bloque
radical, Mario Negri, y por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió,
contempla tres tipos de sanciones disuasivas: el del beneficio ilícito,
sancionando con un tope de hasta el doble del beneficio obtenido ilícitamente
como resultado de la conducta anticompetitiva; el porcentual, de hasta 30% del
volumen de negocios en los mercados afectados, multiplicado por el número de
años de duración de dicho acto o hasta el 30% del volumen de negocios
consolidado a nivel nacional del grupo económico durante el último ejercicio.
Por último, establece el criterio Monetario
mencionado en el primer párrafo: una multa de hasta 200 millones de Unidades
Móviles (equivalente hoy a $3.000 millones ajustables por IPC).
PUBLICADO EL 28/09/2016
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