El personal del Servicio Nacional de Sanidad Animal
y Calidad Agroalimentaria nucleado en el gremio estatal paralizará las tareas
desde este miércoles, con movilizaciones, en rechazo del presupuesto 2017 para
el organismo enviado al Congreso Nacional.
El coordinador nacional de la ATE-Senasa, el
dirigente Jorge Ravetti, indicó en un comunicado de prensa que la conducción
nacional del sindicato convocó a una huelga en todo el país durante diez días a
partir de la 0 del miércoles próximo hasta la medianoche del 30 de este mes,
con movilizaciones generales.
Ravetti informó que el gobierno nacional envió el
15 de septiembre último al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto
2017, que incluyó las partidas para el Senasa y, "con asombro e
indignación, el gremio analizó los números", afirmó el dirigente.
"El presupuesto del Senasa es de 3.746
millones de pesos en gastos y un recurso de 6.192 millones (en la proyección de
la recaudación propia del organismo para ese año en tasas, aranceles y el
porcentaje de las importaciones). Ello indica que se impone una restricción
real de 2.446 millones, es decir, un ajuste para financiar el déficit del
Tesoro Nacional. Las partidas para el funcionamiento operativo se reducirán
incluso de manera nominal respecto de 2016 a la mitad también en términos
reales", aseveró.
Para Ravetti, ello significará el año próximo
"un Senasa absolutamente paralizado y sin capacidad operativa", y
explicó que de forma histórica el organismo se financiaba con recaudación
propia y aportes del Tesoro, que desde 2017 "no lo hará y, además, se apropiará
de gran parte de la recaudación derivada de tasas, aranceles y comercio
exterior que el Senasa debe controlar".
Ante un fuerte aumento previsto de las
exportaciones agropecuarias, el organismo que controla sanidad y calidad para
hacerlo posible "estará atado de pies y manos, sin capacidad de acción, lo
que hará imposible resolver la precariedad laboral".
Los estatales reclaman estructuras edilicias
necesarias para que los trabajadores gocen de condiciones laborales dignas y
sin riesgos, como "la apremiante barrera estratégica ubicada en el límite
de Tucumán, Santiago del Estero y Salta", dijo Ravetti.
También señalaron que en el marco de la
autogestión, los veterinarios y paratécnicos de sanidad animal no tendrán
recursos económicos (viáticos y movilidad) para hacer muestras en el campo, en
tanto "las barreras y fronteras continuarán funcionando en un estado
deplorable y con riesgo inminente para la salud pública".
Según la ATE, para 2017 se previó un gasto de
personal (salarios, horas extras y servicios requeridos) de 2.892 millones (77
por ciento); de bienes de consumo (artículos de librería, combustible, insumos
de laboratorios y repuestos) de 89 millones (2,4); de servicios no personales
(contratos Argentina, viáticos, movilidades, leasing, alquileres, seguros,
mantenimiento de vehículos, equipos, servicios públicos) de 632 millones (17),
y de bienes de uso (no consumidos en el ejercicio, como aporte local obra para
laboratorio, contrataciones, computadoras, impresoras y aire acondicionado) de
72 millones, es decir, del 2 por ciento.
"En los recorridos realizados en varias
provincias, incluyendo Buenos Aires, la ATE halló dependencias (oficinas locales)
cerradas por falta de pago de alquileres, de insumos y ropa laboral",
dijo.
Para el dirigente, de continuar esa situación
general "la seguridad fitozoosanitaria estará en grave peligro".
Al respecto, mencionó que el resurgimiento de las
enfermedades aftosa y HLB significaría "el fin de las
agroexportaciones".
"El gobierno observa un crecimiento de las
exportaciones sin prever la necesidad de proteger a la población y a la
capacidad exportadora de esos dos flegelos. Existe un punto de inflexión. El
futuro del Senasa, su presupuesto real, el cese de la precarización laboral y
de las pésimas condiciones de trabajo, dependerán de la fuerza gremial de los
6.800 empleados", afirmó.
Los estatales también exigieron el pase al artículo
9 de los contratados Argeninta (monotributistas) -incluidos los que están bajo
programa HLB, Fucosa, Picudo Algodonero, Lobesia botrana, Afinoa, Mosca de
fruto, Procem y Copresame, entre otros-; la efectivización de los concursos de
2014; el cese de la automatización (certificación electrónica), que implica el
despido y la ausencia de control sobre los productores; del intento de derogar
el decreto 4.238 que legisla de forma particular al organismo y el rechazo a la
privatización de funciones del Estado.
PUBLICADO EL 20/09/2016
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