El juez federal Julián Ercolini llamó a indagatoria
a la ex presidenta para el 20 de octubre. Es en el marco de la causa en la que
se la investiga por el presunto direccionamiento de la adjudicación de obras
públicas en favor de empresas de Lázaro Báez. También se dictó la inhibición
general de sus bienes.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue
llamada a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se
la investiga por el presunto direccionamiento de la adjudicación de obras
públicas en favor de empresas del empresario detenido.
La medida fue adoptada por el juez federal Julián
Ercolini quien convocó a la ex mandataria para el 20 de octubre y dispuso
también otras 16 indagatorias entre las que figuran la del ex ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido; a del detenido ex secretario de Obras
Públicas, José López; y la de Báez.
El magistrado también decretó la inhibición general
de bienes para todos los que serán indagados por lo que ninguno podrá vender o
gravar (hipotecar) sus propiedades muebles e inmuebles registrables, aunque no
se les impedirá administrarlas o disponer del dinero bancarizado.
Los fiscales a cargo de la investigación, Ignacio
Mahiques y Gerardo Pollicita, habían reiterado el lunes pasado su pedido para
que el juez Ercolini citara a la ex presidenta a indagatoria; junto con otras
34 personas (entre ex funcionarios y empresarios), de las cuales algunas no
serán citadas, por ahora.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal
había remarcado que se investigaba una matriz de corrupción desde que abarcaba
a la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con
intervención en materia de obra pública como el Ministerio de Planificación, la
Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la
Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz.
"Mientras el empresario Lázaro Báez era el más
beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la
provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia
presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos
hoteleros", habían afirmado los fiscales que entre otros ejemplos investigados
consignaron el de la ruta nacional 3 y la provincial 9.
La denuncia que dio origen a la investigación había
sido presentada en el 2008 por la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos)
que sostuvo que desde el anterior gobierno se había estructurado una asociación
ilícita para sustraer fondos públicos a través de empresarios ligados al poder.
En aquella denuncia, la actual dirigente de la
alianza Cambiemos había pedido investigar al fallecido ex presidente Néstor
Kirchner, De Vido y Báez, y a las las firmas Austral Construcciones S.A., Gotti
S.A., Kank y Costilla S.A., Badial S.A. y Sucesores de Adelmo Biancalani S.A.,
entre otras vinculadas al empresario detenido.
La diputada y los fiscales habían sostenido luego
que los ilícitos denunciados habrían comenzado a fines del año 2003 y que, en
general, se relacionaban con los contratos de obra pública llevados adelante
desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y
reglamentaciones establecidos.
Años mas tarde, también se sumó a la denuncia la
diputada Margarita Stolbizer quien sostuvo que en el año 2003 y en el período
que corresponde a las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Elisabet
Fernández, diferentes funcionarios públicos y empresarios privados, identificados
por sus vínculos personales, habrían conformado una asociación ilícita
relacionada con la obra pública.
En su resolución de este lunes, el juez Ercolini
sostuvo que de acuerdo a la investigación elaborada por los fiscales, las
maniobras se edificaban en cuatro pilares:
1) La inserción del amigo presidencial en el
negocio de la construcción vial.
2) La exportación de una estructura provincial
montada con gente de confianza a un nivel nacional.
3) La mayor concentración económica de obra pública
vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz.
4) El direccionamiento de la adjudicación de la
obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del
empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del estado.
Además recordó que, sobre la relación personal que
Báez tenía con el ex matrimonio presidencial, los fiscales "hicieron
referencia a las conexiones comerciales existentes entre ellos" y, a modo
de ejemplo, "destacaron que Cristina Fernández de Kirchner y la firma
Austral Construcciones compartían un condominio desde agosto de 2008 en la
ciudad de El Calafate".
PUBLICADO EL 12/09/16
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