"Mientras el empresario Lázaro Báez -amigo
personal y socio comercial del matrimonio Kirchner- era el más beneficiado en
la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de
Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos
millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros",
afirmaron los fiscales en el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini.
Fuentes judiciales anticiparon que el juez federal
Julián Ercolini haría lugar en los próximos días al pedido de indagatoria de la
ex Presidenta y otros de los imputados por los fiscales, que tienen delegada la
investigación.
En esta reiteración al pedido de 34 indagatorias,
la Fiscalía adjuntó 227 puntos de prueba, además de insistir en que lo ocurrido
con la adjudicación de obra pública a Báez se trató de la "maniobra
previa" al lavado de dinero que ocurrió luego con los falsos alquileres en
hoteles de los Kirchner, que se investiga en la llamada causa
"Hotesur".
Los fiscales remarcaron que "se investiga la
matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de
la administración estatal con intervención en materia de obra pública
--Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección
Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de
Santa Cruz-- se habría montado como estructura funcional orientada a la
sustracción de fondos públicos".
Para ello, indicaron, "se habría asignado en
forma discrecional prácticamente el 80 por ciento de las obras viales
adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del
Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de
pesos".
Los fiscales habían pedido ya las declaraciones
indagatorias en un dictamen firmado el 16 de agosto pasado, pero Ercolini les
reclamó que entregaran al juzgado toda la prueba reunida al respecto para poder
fundamentar las acusaciones en cada caso, algo que se cumplió ahora.
En el listado de pedidos de indagatoria están
Cristina Fernández de Kirchner; Julio De Vido; el ex secretario de Obras
Públicas ya preso en otra causa, José López; un primo del fallecido ex
presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex subsecretario de Obras
Públicas, Abel Fatala y también el empresario Báez y su hijo Martín, entre
otros.
En su dictamen, cuyo análisis quedó ahora en manos
del juez Ercolini, los fiscales advirtieron que "no se vislumbran razones
para demorar el cumplimiento" de las indagatorias solicitadas.
"No resulta ocioso destacar, en este sentido,
que la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, juzgamiento y
sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa, no resulta sólo una
pretensión de esta parte, sino que constituye un deber del Estado
Argentino", remarcaron.
En este contexto, aludieron "en
particular" a los "jueces y fiscales como operadores del servicio de
Justicia a partir de los compromisos internacionales asumidos por el país en
materia de corrupción, en los que se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de
las funciones públicas".
Los fiscales entregaron al juez seis carpetas,
divididas en tres anexos, con elementos de prueba; dos cajas con documentación
sobre las adjudicaciones de tramos de las rutas provinciales 3 y 9; cinco
expedientes de la Dirección Nacional de Vialidad sobre pagos de obras al Grupo
Báez; tres biblioratos; un disco compacto para respaldar una auditoría hecha
por ese organismo; y dos informes ampliatorios de la DNV donde "se
analizan nuevas obras viales" adjudicadas a ese grupo.
En total, se analizaron 17 casos testigo de cómo se
adjudicaban las obras a las empresas de Báez en Santa Cruz.
Además, aportaron pruebas sobre lo que consideraron
fue una maniobra planificada desde que, tras la renuncia del ex presidente
Carlos Menem al balotaje, se supo que Néstor Kirchner sería el próximo
Presidente, a mediados de mayo de 2003.
En primer lugar, advirtieron los fiscales, se
"insertó" a un "amigo personal en el negocio de la
construcción" y adjuntaron como prueba la escritura de constitución de la
empresa insignia de Báez, "Austral Construcciones SA", inscripta el 8
de mayo de 2003.
Hasta entonces, el luego empresario y -desde el 5
de abril pasado- detenido Lázaro Báez trabajaba en el Banco de Santa Cruz.
Como segundo paso, ya con Kirchner en la
Presidencia, hubo una "exportación de la estructura provincial a nivel
nacional" mediante la unificación de los ministerios de Economía y
Producción en una sola cartera, y la creación del de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, con Julio De Vido, a cargo de este último.
En tanto, de acuerdo con lo señalado por los
fiscales en el dictamen firmado este lunes, a partir del 2007 comenzaron
diversas
designaciones en Planificación Federal, la mayor
parte de funcionarios con pedido de citación a indagatoria.
Entre ellos se cuenta la subsecretaria de
Planificación Territorial de la Inversión Pública, Graciela Oporto; el
subsecretario de Obras Públicas, Hugo Rodríguez; el subsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Luis Bontempo; y el
subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner, primo
del fallecido ex Presidente.
Luego, de acuerdo con lo afirmado por los fiscales,
se produjo la "concentración económica de la obra pública" y el
"direccionamiento de la adjudicación y el diseño de un esquema de
beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez", para lo cual las pruebas
se basan principalmente en informes de Vialidad Nacional.
Báez está detenido en otra causa a cargo del juez
federal Sebastián Casanello por supuestas maniobras de lavado de activos.
En tanto, López se encuentra detenido desde el 14
de junio pasado, cuando fue sorprendido en el momento en que intentaba ocultar
bolsos con casi 9 millones de dólares y relojes lujosos -uno de ellos por un
valor de 13 mil dólares- en un monasterio de la localidad bonaerense de General
Rodríguez.
La ex presidenta Kirchner está procesada ya en la
causa que investiga la venta de dólar futuro al final de su gobierno y la
Cámara Federal tiene que resolver si confirma o no esta decisión del juez
federal Claudio Bonadio.
Además, la ex mandataria tiene otro pedido de
indagatoria por parte del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien investiga un
supuesto encubrimiento a Báez por parte del gobierno kirchnerista a través de
la Procuración del Tesoro que estaba a cargo de Angelina Abbona.
Este pedido debera ser resuelto por el juez federal
Sebastián Casanello, en la misma causa por la que Báez está detenido y
doblemente procesado por lavado de activos.
PUBLICADO EL 05/09/16
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