El máximo tribunal resolvió en su habitual reunión
de acuerdo de los martes pedir a la procuradora general que emita un dictamen
sobre el aumento en las tarifas de gas, dispuesto por el Ministerio de Energía,
cuya aplicación fue suspendida por la Cámara Federal de La Plata.
Si bien el dictamen no es vinculante, es uno de los
pasos previos del máximo tribunal antes de dar a conocer su posición sobre el
tema, y su pedido a la procuradora indica de manera oficial que los ministros
ya analizan la causa enviada por el tribunal de segunda instancia platense.
Gils Carbó no tiene plazo para emitir dictamen,
pero se estima que será breve ante la gravedad institucional del tema, ya que
el fallo en vigencia retrotrajo las tarifas a los valores previos a las
resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería.
Mediante esas resoluciones, el Gobierno dispuso a
partir de marzo la suba de hasta un 2.000 por ciento en las tarifas del gas,
según el tipo de consumidor y la región en la que reside, de acuerdo a las
denuncias de los usuarios.
Tras el fallo de la Sala II de la Cámara platense,
el 7 de julio pasado, ese mismo tribunal habilitó la apelación del Gobierno
pero mantuvo el efecto suspensivo de su medida hasta el fallo de la Corte.
La actuación de la Justicia alcanzó también al
aumento tarifario de la luz, para el que la jueza federal de San Martín,
Martina Forns, hizo lugar a un amparo colectivo y suspendió los incrementos en
todo el país.
Los argumentos de los fallos emitidos hasta el
momento para frenar el aumento de las tarifas se basan en que el gobierno no
realizó audiencias públicas antes de disponer el incremento, como se contempla
en los marcos regulatorios para la distribución de electricidad y gas, y que
componen una parte del costo de la energía.
El fallo suspensivo de la cámara platense respondió
a las apelaciones presentadas por las asociaciones civiles CEPIS y Consumidores
Argentinos, y a la resolución del Juzgado Federal de primera instancia 4 de
esta capital, que ordenó convocar a una audiencia pública para debatir con los
usuarios los aumentos.
La Cámara platense estableció que "la
Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los
principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones
estatales", al declarar la "nulidad" de las resoluciones del Ministerio
de Energía.
Ayer, el ministro de Energía, Juan José Aranguren,
anticipó que el Poder Ejecutivo realizará una “audiencia informativa” para dar
a conocer el valor de “la generación de la electricidad y del precio del gas en
boca de pozo”.
Sin embargo, entidades defensoras de los
consumidores pusieron hoy en duda la validez de las audiencias informativas que
convocará el gobierno, y mientras algunas consideran que esas convocatorias
serán una pérdida de tiempo, otras sostienen que no son suficientes para
conocer la composición de las tarifas.
Osvaldo Riopedre, abogado de la Asociación de
Defensa de Consumidores y Usuarios (Adecua), indicó que habrá que esperar a
conocer la resolución de las convocatorias, pero estimó que “con el cambio de
nombre” (de audiencia pública a audiencia informativa) “no se cumplen los
requisitos”.
“Vamos a perder tiempo. Va a haber impugnaciones.
Va a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen y vamos a
retrasarnos 20, 30 días más", pronosticó.
El abogado explicó que las audiencias previas a un
aumento tarifario están fijadas en el marco regulatorio de la prestación de
servicios y no son vinculantes.
"Si no hacemos una cuestión tarifaria en
serio, donde la tarifa social realmente le llegue a quien le tiene que llegar,
se segmente, donde sea progresivo, vamos a estar cuatro años con esto. Va a ser
todo el período presidencial. Hay gente dispuesta a que esto no avance",
opinó.
Según el dirigente, "el argumento que usó el
Estado para no convocar a una audiencia pública es que no se está haciendo una
revisión integral tarifaria".
"No podemos dejar que los jueces fijen
tarifas, es el Ejecutivo" el encargado de establecerlas, expresó Riopedre,
y advirtió que la cuestión “es una situación de urgencia para las empresas que
no recaudan, y para el usuario", a quien se le acumulan tarifas impagas.
En tanto, Sergio Procelli, de Consumidores
Argentinos, que motorizó el primer amparo contra el aumento de tarifas de gas,
sostuvo que las audiencias informativas "no alcanzan".
"Creo que no alcanzan. Hay que ver lo que se
va a concretar dentro de la audiencia y cuál sera la información disponible.
Hay que ver qué es lo que compone la tarifa, la de gas y la de electricidad.
Vamos a ver si esto de la informativa es para esconder información",
cuestionó.
Procelli explicó que "la necesidad de hacer la
audiencia es para conocer el precio real de la generación en el caso de la
electricidad, del gas en la boca de pozo, y todos los circuitos que van hasta
el consumidor”.
PUBLICADO EL 09/08/16
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