La Corte Suprema de Justicia podría expedirse el
próximo jueves sobre el aumento en la tarifa de gas, medida que se encuentra
frenada por un fallo de la Cámara Federal de La Plata.
En la Corte confían en que el martes o a más tardar
el miércoles próximo, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils
Carbó, elevará su dictamen respecto a la suba de tarifas -que tiene carácter no
vinculante- y de esa forma el máximo tribunal ya contará con todos los elementos
para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
De esta forma, la causa será tratada por el titular
del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y por los demás jueces que integran en la
actualidad el tribunal, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti,
ya que el jurista Carlos Fernando Rosenkrantz jurará como nuevo ministro el
lunes 22 de agosto.
La decisión de abordar el tema tarifas el próximo
jueves fue dada a conocer esta tarde por una fuente cercana al máximo tribunal.
"Los secretarios letrados están trabajando
desde hace semanas en el tema y seguramente la semana próxima la Corte abordará
la cuestión de fondo planteada por la Cámara Federal de la Plata", dijo la
fuente.
"La facultad del Poder Ejecutivo para fijar
las tarifas de los servicios públicos no está en debate ni siquiera en el fallo
de la Cámara platense", agregó el portavoz.
A principios de julio, cuando la Cámara Federal
platense frenó el aumento de las tarifas y lo hizo extensivo a todo el
territorio nacional mediante una medida cautelar pedida por una asociación de
usuarios, no objetó la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo sino el hecho de
que el Ministerio de Energía no haya seguido los pasos legales previstos, que
incluyen una audiencia pública que no fue convocada de manera previa a la
instrumentación de la suba.
El expediente llegó de manera formal a la Corte el
lunes, luego que al tribunal platense diera vía libre al recurso presentado por
la Procuración General del Tesoro, pero con efecto "devolutivo", lo
que dejó vigente el freno a la implementación del nuevo esquema de tarifas
diseñado por el Gobierno que contempla topes en las subas de hasta 400 y 500%
para usuarios residenciales y pymes y comercios, respectivamente.
En ese marco, el Poder Ejecutivo presentó un
recurso de queja ante el máximo tribunal reclamando que se suspenda el carácter
"devolutivo" del fallo platense, de manera de permitir a las empresas
que comiencen a facturar bajo el nuevo esquema de tarifas, ya que los valores
que se encuentran vigente por la judicialización del tema son los que regían
hasta el 31 de marzo pasado.
El martes pasado, en la última reunión de acordada,
los jueces de la Corte eludieron pronunciarse sobre el pedido del Gobierno y
solicitaron a Gils Carbo su opinión, a lo que ahora se suma la confirmación de
que el jueves venidero tratarán el tema.
Por la suba de tarifas puesta en marcha en marzo,
los primeros en reaccionar ante la magnitud del aumento, de hasta el 2.000 por
ciento en algunas boletas, fueron los gobiernos provinciales y municipales que
apelaron a la vía judicial mientras se generalizaban las protestas.
Luego de esto, a partir de un entendimiento
alcanzado con los gobernadores, anunciaron un tope máximo de 400% de aumento
para los usuarios residenciales y de 500% para empresas pequeñas y medianas,
siempre que el consumo de gas se haya mantenido dentro de los parámetros de
igual período del año anterior.
El tema volvió a cobrar fuerza con la llegada de
las nuevas boletas en usuarios que consumieron por encima del promedio del año
anterior, con subas sensiblemente superiores a los topes del 400% y 500%.
El pronunciamiento de la Sala II de la Cámara
Federal platense revirtió un fallo de primera instancia que dio la razón al
Estado en su potestad para disponer un aumento de tarifas, si bien objetó que
no se hayan realizado audiencias públicas de manera previa.
El tribunal de segunda instancia decretó la nulidad
de las resoluciones tomadas por el Ministerio de Energía que dieron curso al
aumento debido a que de manera previa no se realizaron las audiencias públicas
correspondientes.
En la primera semana de julio, antes de iniciarse
la feria judicial de invierno, la Corte demandó al Poder Ejecutivo que en un
plazo de diez días le remitiera los considerandos del fuerte aumento, así como
la localización de los ajustes, un trámite que se concretó la semana pasada.
PUBLICADO EL 12/08/16
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