La denuncia del fallecido fiscal contra la ex
presidenta y el ex canciller Timerman es por supuesto encubrimiento del
atentado a la AMIA, a raíz de la firma del fallido Memorándum de Entendimiento
con Irán.
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió medidas para
reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta
Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento
del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del fallido Memorándum de
Entendimiento con Irán.
"Los hechos aquí denunciados podrían
resignificar datos que obran en la denuncia que diera origen a aquellas
actuaciones y poseerían entidad suficiente para impulsar nuevamente la
investigación de los sucesos allí denunciados", consideró el fiscal en el
dictamen presentado hoy ante el juez federal Claudio Bonadio.
Taiano hizo el pedido en el marco de una denuncia a
cargo de Bonadio contra el ex canciller Timerman por encubrimiento a raíz de
una conversación telefónica entre el ex funcionario kirchnerista y el ex
titular de la AMIA Guillermo Borger, en la que el primero aludió a Irán como
culpable del ataque que causó 85 muertos el 18 de julio de 1994 en Pasteur 633.
A esta primera denuncia luego se añadió otra que
incluyó a la ex Presidenta por supuesta traición a la Patria, por los mismos
hechos.
En el dictamen, el fiscal pidió también que se
requiera a Cancillería y a la Agencia Federal de Inteligencia toda la documentación
sobre el Memorándum, incluida aquella confidencial o secreta.
Todos los pedidos deberán ser resueltos ahora por
el juez.
Taiano entendió que lo que investiga Bonadio tiene
idéntico objeto procesal a la denuncia presentada por el fallecido fiscal y ex
titular de la UFI AMIA Alberto Nisman, en enero de 2015, cuatro días antes de
aparecer muerto de un balazo en la cabeza en el baño de su departamento de
Puerto Madero.
Por ello pidió al juez Bonadio que requiera a su
par Daniel Rafecas el envío de la denuncia de Nisman, archivada por este último
magistrado sin investigar porque entendió que no hubo delito.
La situación, según Taiano, cambió a partir de la
presentación como querellantes en la causa de Bonadio de dos familiares de
víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch.
Los dos padres de víctimas sostuvieron ante Bonadio
la existencia de nuevos hechos que justificarían reabrir la denuncia de Nisman
y Taiano les dio la razón.
Uno de ellos habría sido la actitud de Timerman,
quien según una nota periodística, habría "eludido consultar" por el
Memorándum a la entonces consejera legal de Cancillería Susana Ruiz Cerutti y,
en cambio, recurrió al entonces segundo de la Agencia Federal de Inteligencia,
Juan Martín Mena y al líder de Quebracho Fernando Esteche.
Taiano pidió a Bonadio que solicite a Rafecas el
envío de la denuncia de Nisman.
Además solicitó que se pida a la ministra de
Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra, el envío de "la totalidad
de la documentación (aún la que pueda revestir carácter de secreta o reservada)
vinculada a la negociación y firma del Memorándum de Entendimiento" entre
Argentina e Irán por el atentado.
Taiano detalló que debe requerirse todo lo que
haya: estudios, dictámenes, opiniones o documentos de cualquier tipo.
Algo similar pidió para la Agencia Federal de
Inteligencia.
También requirió citar como testigo a la por
entonces asesora legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Susana
Ruiz Cerutti y a los periodistas que escribieron sobre el tema, Daniel Santoro
y Luis Rosales.
Nisman, quien tuvo a cargo la investigación del
atentado a la AMIA por casi una década, denunció por encubrimiento a la ex
presidenta Kirchner, Timerman, al diputado Andrés Larroque, a Luis D'Elía, al
líder de Quebracho Fernando Esteche, entre otros.
En esa denuncia, el fiscal aludió a "un plan
criminal destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní
acusados en dicha causa para que eludan la investigación y se sustraigan de la
acción de la Justicia argentina".
Para Nisman el objetivo final del Memorándum, que
terminó declarado inconstitucional, era dar de baja las circulares rojas de
Interpol contra cinco ciudadanos iraníes acusados del atentado.
El fiscal aludía a escuchas telefónicas y prueba
documental, pero pese a que su denuncia fue impulsada por el fiscal federal
Gerardo Pollicita -con 55 medidas de prueba pedidas- Rafecas la archivó por
inexistencia de delito.
Esta decisión fue confirmada por la sala I de la
Cámara Federal porteña y quedó luego firme en una instancia superior, Casación
Penal, porque el fiscal ante esa instancia Javier De Luca no mantuvo la
apelación contra el fallo de Rafecas que había presentado el fiscal de la
instancia inferior, Germán Moldes.
PUBLICADO EL 04/08/16
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