El ex vicepresidente y otras seis personas están
acusados por negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de las
maniobras ilegales para comprar la imprenta y adjudicarle la impresión de papel
moneda.
En un dictamen de 245 carillas, el fiscal aludió a
un "itinerario criminal" cumplido en tres etapas, siempre con Boudou
como guía desde el Ministerio de Economía, primero, y desde la vicepresidencia
de la Nación, después.
Di Lello reiteró, además, un pedido para que se
cite a declaración indagatoria al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a
la ex titular de la Casa de Moneda en el kircherismo Katya Daura, según el
dictamen de elevación a juicio.
El fiscal también solicitó que se cite a
indagatoria como imputados al ex director de la DGI Angel Toninelli y a dos
miembros de la familia Ciccone, Olga y Silvia, entre otros nuevos implicados
como ex funcionarios de AFIP, según el dictamen que ahora estudiará el juez
federal Ariel Lijo, a cargo de la causa.
Para Di Lello, hubo un "itinerario
criminal" direccionado por Boudou como "autor" del delito de
cohecho pasivo, que prevé hasta seis años de prisión, tuvo tres partes y
terminó con la firma de un multimillonario contrato para adjudicar a la
imprenta convertida en "Compañía de Valores Sudamericana" la
impresión de moneda nacional.
La firma del contrato se concretó en el 2012,
cuando Boudou ya había dejado su cargo de ministro de Economía y se desempeñaba
como vicepresidente de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Boudou "desplegó su influencia" para
facilitar las maniobras de "adquisición de la empresa Ciccone
Calcográfica" y su posterior "habilitación para contratar con el
Estado Nacional" a los fines de adjudicarse un millonario contrato para la
impresión de papel moneda, sostuvo el dictamen.
PUBLICADO EL 18/08/16
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