La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo le hizo saber al juez federal Marcelo Martinez de Giorgi que tiene
voluntad de prestar declaración indagatoria en el marco de la causa Sueños
Compartidos, por lo que el magistrado dispuso el cese del pedido de captura que
había librado en su contra.
El juez Martínez de Giorgi le concedió la exención
de prisión a Bonafini luego de que su abogado Juan Manuel Morente se presentara
en los tribunales federales de Comodoro Py y solicitara que se le tomara
declaración a la dirigente durante la tarde en la sede de las Madres de Plaza
de Mayo.
Aunque no la indagará hoy, el magistrado consideró
que la presentación del abogado de Bonafini pone de manifiesto su
"voluntad de declarar" por lo que decidió deponer la orden de captura
que había librado ayer, luego de que la titular de las Madres se ausentara por
segunda vez al llamado a indagatoria.
"Celebro la presentación y la muestra de
racionalidad", sostuvo Martinez de Giorgi a las 15 en un breve diálogo que
mantuvo con periodistas acreditados en los tribunales federal de Comodoro Py y
deslizó que había tomado nota de la conmoción pública que generó el intento de
detención de la dirigente de Derechos Humanos.
La situación comenzó a destrabarse esta mañana
cuando Martínez de Giorgi recibió en su despacho a Morente y luego al abogado
de las Madres, Eduardo Fachal, quien al salir del despacho del juez manifestó
que "había voluntad" de llegar a una solución a la tensión desatada
ayer.
Técnicamente, según las fuentes consultadas, se
trató de una caución juratoria, comprendida en el artículo 231 del Código de
Procedimientos Penal Nacional, que consiste "en la promesa jurada del
imputado de cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez".
En otras palabras, Bonafini se atiene a derecho y
en disposición de atender a los requerimientos del magistrado en el curso de la
investigación, además de fijar un domicilio y de compromenterse a mantener
informado al magistrado de sus movimientos.
Luego de que durante todo el día de ayer una
multitud acompañó a Bonafini y evitó su detención, su abogado personal se aceró
esta mañana a los tribunales de federales del barrio porteño de Retiro y le
manifestó al juez que su defendida estaba dispuesta a declarar en la Casa de
las Abuelas "por su avanzada edad".
La sola presentación del abogado Morente generó un
cambio de escenario que implicó que el juez resolviera dar de baja la orden de
captura que pesaba sobre Bonafini y le reclamara por escrito al letrado que
ampliara los fundamentos para que su defendida declare fuera de los tribunales,
algo que "es muy probable que ocurra en los próximos días", según
informaron fuentes judiciales.
En la misma resolución, el juez Martínez Di Giorgi
ordenó que Bonafini constituya un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, le
prohibió salir del país sin autorización del juzgado y la autorizó a viajar a
Mar del Plata; mientras que la policía elabora un informe relacionado con los
fallidos intentos de detención.
El magistrado había ordenado ayer el allanamiento
de la Asociación Madres de Plaza de Mayo con el fin de detener a Bonafini, pero
la policía no pudo llevar a cabo su cometido porque un enorme grupo de
personas, entre los que había muchos dirigentes políticos, la mantuvo rodeada
mientras abandonó la sede de las Madres.
El segundo intento se produjo horas más tarde cuando
la Policía Federal analizó la posibilidad de detenerla en Plaza de Mayo pero
desistió tras considerar que el intento podía desatar situaciones de violencia
física dado que la dirigente seguía acompañada por una multitud, informaron
fuentes judiciales.
Como titular de las Madres, Bonafini está acusada
de haber cometido el delito de "administración fraudulenta" en
relaciona los fondos públicos asignados a la Asociación para la ejecución del
programa de construcción de viviendas sociales conocido como Misión Sueños
Compartidos.
El hecho puntual por el que se la acusa está
relacionado con la firma de un convenio entre las Madres y el Ministerio de
Trabajo a partir del cual cada trabajador que participaba en la elaboración de
una vivienda debía recibir 600 pesos para capacitación.
Fuentes judiciales indicaron que se la acusa de
haber facilitado el desvío de una suma del orden de los 58 millones de pesos
relacionada con ese convenio, hecho que niegan desde la Asociación de Madres de
Plaza de Mayo donde hacen responsables por los eventuales desmanejos a los
hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
PUBLICADO EL 05/08/16
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