El exministro Pega y sus colaboradores Rossio y
Sartor quedaron liberados de responsabilidad en la causa que investigó
contrataciones irregulares en el Estado.
Los ex funcionarios procesados por pagar con becas
horas extras o tareas habituales de la administración pública, entre 2006 y
2007, ahora fueron sobreseídos.
El exministro de Familia de Río Negro, Alfredo
Pega, y quienes lo acompañaron en la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa, Marcela Rossio, y el exdirector General de Despacho y
Subvenciones, Dante Sartor, habían sido procesados por el juez penal Favio
Igoldi por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración
pública”. Ahora el juez de Ejecución Penal de Viedma, Ignacio Gandolfi,
sobreseyó a los tres exfuncionarios sobre la base de lo dispuesto por el
Tribunal penal y lo dictaminado por el fiscal de Cámara en relación a que no
quedó configurado el tipo penal en el que fue encuadrada la conducta de los
imputados.
Cabe recordar que en mayo pasado la Sala A de la
Cámara en lo Criminal de Viedma integrada por María Luján Ignazi, Gustavo
Guerra Lavayén y Guillermo Bustamante desprocesó a los imputados al interpretar
que Igoldi debió dictarles la falta de mérito. En este sentido consideraron que
“no se vislumbra la existencia de dolo”, razón por la cual beneficiaron a
quienes fueron procesados en la investigación por presuntas irregularidades al
otorgar becas de capacitación, método de contratación indirecta del Estado
duramente cuestionada.
Para el Tribunal “el análisis de las circunstancias
de la causa no permite asegurar que los imputados hayan tenido entre sus fines
generar un lucro indebido para sí o para un tercero u ocasionar un daño (...)
en el patrimonio estatal”.
En el fallo la Cámara analizó los alcances y
requisitos del decreto de creación de las becas y de la situación de distintos
beneficiarios que figuran en la causa. Se observó, en tal sentido, que “los
beneficiarios percibieron el dinero que el Estado les abonaba en concepto de
beca, que tal dinero fue depositado y que aquella acción responde a una
contraprestación por parte del becario”.
En ese marco agregó que “en orden a los fines que
tuvieron los imputados al momento del otorgamiento de las becas, es posible y
puede ser objeto de interpretación que el Estado rionegrino -en cabeza de los
imputados- haya intentado paliar, de modo impropio quizás, la situación de
desempleo en la que se encontraban algunos beneficiarios o bien abonar tareas
extraordinarias a empleados que brindaban funciones en el propio estado”. El
Tribunal no encontró que la conducta de los exfuncionarios “haya estado
destinada a generar beneficios, lucros indebidos o situaciones dañosas a las
arcas estatales”.
“Administración fraudulenta en perjuicio de la
administración” fue el delito que imputaron a los exfuncionarios, acusados por
42 hechos.(Río Negro)
PUBLICADO EL 12/07/16
POR INFOALLEN – MAIL: noticias@infoallen.com.ar