El ex titular del PAMI, Luciano Di Cesare, fue
procesado por el juez federal Ariel Lijo quien determinó que el ex funcionario
defraudó al Estado nacional por más de un millón de pesos al hacerse liquidar
vacaciones no gozadas en el organismo sin tener derecho a su percepción.
El magistrado dispuso también un embargo sobre los
bienes de Di Cesare por 2 millones de pesos y procesó a los dos ex funcionarios
que intervinieron en la liquidación de sus vacaciones no gozadas desde 2004
hasta 2012, a quienes embargó por la misma cantidad de dinero.
El delito que le atribuyó Lijo a Di Cesare al
dictar su procesamiento por el cobro de $1.300.826,77 pesos fue el de
“administración fraudulenta” en perjuicio de la administración pública.
“Di Cesare, en su calidad de Director Ejecutivo,
solicitó el pago por las vacaciones no usufructuadas. Él fue quien con el fin
de dar con su objetivo, y procurando un lucro indebido, designó
intencionalmente a la Gerente de Recursos Humanos, María Alejandrina Arrouzet,
para que extendiera un dictamen que avalara su solicitud”, sostuvo el juez en
su fallo.
A lo largo del texto, difundido en forma completa
por el Centro de Información Judicial (CIJ), el magistrado también hizo
referencia a las responsabilidades de María Alejandra Arrouzet, gerenta de
Recursos Humanos del PAMI, y Carlos Galdo, ex subgerente de Administración de
Recursos, quienes autorizaron el pago.
El magistrado puntualizó que la liquidación se
efectivizó el mismo día de la presentación del trámite luego de que Arrouzet y
Galdo emitieran los dictámenes necesarios para transferir el monto requerido a
la cuenta bancaria de Di Cesare.
La denuncia contra el ex titular del PAMI fue
realizada por su sucesor en el cargo, Carlos Regazzoni, quien en el comienzo de
su gestión encontró el recibo de la liquidación de vacaciones no gozadas en
favor de Di Cesare, tramite que se había iniciado y finalizado el 9 de
diciembre, un día antes de que dejara el cargo.
El ex titular del PAMI tiene un procesamiento a
cuestas por haber invertido 2.800 millones de pesos del PAMI en letras del
Tesoro del Estado nacional; en esa causa intervino el juez federal Claudio
Bonadio.
Al momento de dictar el procesamiento de los tres
imputados, el juez Lijo no sólo tuvo en cuenta el incumplimiento de la
normativa laboral, sino un conjunto de irregularidades en el proceso
administrativo que demostraron la maniobra llevada a cabo por Di Cesare.
En ese sentido puso como ejemplo la tramitación de
la liquidación en un expediente de otra persona que se encontraba archivado, el
desdoblamiento de la liquidación para su ocultamiento, la intervención de
dependencias que no solían hacerlo, la celeridad del proceso de liquidación
ante el cambio de gestión y la efectivización del pago en el término de 24
horas.
En la resolución se sostuvo que perjudicó los
intereses de la administración pública, ya que como director ejecutivo, Di Cesare
tenía la obligación de velar por la administración y el correcto manejo de los
fondos del PAMI, implicando la liquidación que no le correspondía una
disposición que redujo el patrimonio del organismo, lo que seguramente redundó
en una disminución de la posibilidad de cubrir otras de sus funciones
específicas.
El magistrado decretó el procesamiento -sin prisión
preventiva- de Di Cesare, en calidad de autor, y los otros dos imputados, en
calidad de partícipes necesarios.
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