El juez federal Ariel Lijo procesó al ex
superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña electoral de
Cristina Kirchner en 2007, Héctor Capaccioli, por supuesto "lavado de
activos" provenientes de un delito, a raíz de aportes de dinero por parte
de droguerías, cuyo origen pudo ser el tráfico de efedrina o la denominada
"mafia de los medicamentos".
En un fallo de 146 carillas firmado este jueves, el
magistrado procesó además por el mismo delito al ex legislador porteño
Sebastián Gramajo y a los responsables de droguerías Néstor Lorenzo, Carlos
Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone.
Esta última es la viuda de Sebastián Forza, una de
las víctimas del triple crimen de General Rodríguez cuya autoría intelectual se
atribuye al detenido Ibar Pérez Corradi, mencionado por Lijo en relación al
origen de los aportes hechos por Forza a la campaña electoral del Frente para
la Victoria del 2007, cuando compitió con la fórmula Cristina Fernández
Kirchner-Julio Cobos.
Todos fueron embargados por 3 millones de pesos en
base al delito de "lavado de activos provenientes de un delito" y sus
procesamientos fueron dispuestos sin prisión preventiva, por lo cual seguirán
en libertad.
Para Lijo, Capaccioli administró los fondos
recibidos "a sabiendas de su origen ilicito" y buena parte de ese
dinero lo habría recibido en su propio despacho de funcionario.
Los procesamientos se dictaron a ocho años de
iniciada la investigación judicial, a raíz de la denuncia de los entonces
diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui
En esa denuncia, se aludía a la necesidad de
investigar los aportes de droguerías a la campaña electoral del FPV del 2007,
luego de constatar que un 35,6 por ciento del total de aportes declarados por
esa fuerza política provenían de ese rubro, que tenía "vinculación
directa" con Capaccioli por sus funciones.
El ex funcionario ejercía su cargo y, al mismo
tiempo, era responsable de la Mesa Ejecutiva del Frente para la Victoria y
recaudador de la campaña electoral que, en el 2007, llevó a la presidencia de
la Nación a Cristina Fernández de Kirchner y a la vicepresidencia a Julio
Cobos.
Gramajo era el responsable político de esa alianza
electoral y los demás empresarios ligados a droguerías que fueron cuestionadas
en varias causas judiciales, entre ellas la llamada "mafia de los
medicamentos" y causas penales por tráfico de efedrina.
Para el magistrado, de hecho, está probado que el
dinero aportado por ellos a la campaña del kirchnerismo a través de las
droguerías "Multipharma", "Global Pharmacy" y
"Seacamp" -un total de 886.000 pesos- tenía "origen
ilícito", y se entregó "a los fines de disimular la fuente real de
los fondos y obtener apariencia de licitud".
Particularmente, en su fallo, Lijo aludió a la
compraventa de efedrina, un precursor químico, para uso ilegal, basado en la
sentencia del juicio oral por el Triple Crimen de General Rodríguez.
"Allí se indicó que nuestro territorio fue
ámbito fértil para la colonización por los carteles mexicanos quienes mandaron
a sus principales responsables", entre ellos a Jesús Martínez Espinosa,
para entablar relación con empresarios del rubro locales, entre ellos Perez
Corradi y Forza.
Pérez Corradi fue detenido el domingo último en
Paraguay y se espera su extradición a la Argentina, donde es requerido en
varias causas judiciales, una de ellas la del triple crimen como supuesto autor
intelectual.
"Así, es posible afirmar la existencia de
vínculos entre los imputados, el tráfico de efedrina y el grupo de
narcotraficantes mexicanos. En tal sentido, allí se verificó la relación entre
Forza –esposo de Solange Bellone- y los carteles mexicanos", continuó
Lijo.
Las empresas aportantes "Multipharma,
"Global Pharmacy" y "Seacamp" eran presididas por Carlos
Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, respectivamente.
Bellone figuraba como presidenta de Seacamp y su
fallecido esposo, Forza, como apoderado.
Lijo entendió, además, que el empresario
farmaceútico Néstor Lorenzo y Capaccioli " fueron los encargados" de
la puesta en circulación del dinero ilegal "y se sirvieron de la campaña
presidencial de la alianza 'Frente para la Victoria' del año 2007 para llevarla
a cabo".
"Los cheques por medio de los cuales se
realizaron los aportes fueron entregados por Lorenzo a Sebastián Gramajo en el
propio despacho de Capaccioli", argumentó el juez en su fallo.
Lijo consideró que ese dinero no podía justificarse
con la actividad de las droguerías y conjeturó que "no les
pertenecía" y era una forma de ingresarlo al circuito legal.
Para ello se firmaban cheques que se entregaban a
los recaudadores y, cuando llegaba el momento del cobro en el banco, se cubría
el monto necesario con depósitos en efectivo que alguien realizaba a través de
las cajas de atención al público de las entidades.
Tanto Bellone como Lorenzo, Brito y Torres están
procesados en otra causa penal por delitos cometidos con medicamentos, conocida
como la "mafia de los medicamentos", en la que todos esperan ser
sometidos a juicio oral como miembros de una asociación ilícita y, por ello,
Lijo dio por probado el vínculo delictivo y uno de los posibles orígenes del
dinero.
El único indagado por Lijo que resultó sobreseído
fue Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional.
PUBLICADO EL 23/06/16
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