La Ley Es De Autoría De Las Senadoras Odarda,
Ríofrio Y Aguirre. En su intervención, la Senadora Odarda (Frente
Progresista CC ARI), resaltó y reconoció
a las “mujeres de Río Negro, al Movimiento de Mujeres Bariloche que mantuvo la
bandera de la emergencia nacional y provincial
a través de los años. Al Concejo
Municipal de Bariloche y Viedma que tienen su ordenanza o la tendrá en pocos
días. A todas las redes y organizaciones de mujeres de mi provincia”.
Esta Ley dispone la declaración en todo el territorio
nacional, según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución
Nacional, la emergencia pública en materia social por violencia de género,
delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la ley
hasta el 31 de diciembre de 2019, se
permite reasignar partidas presupuestarias para implementar todas las medidas
de prevención necesarias, se fomenta la articulación entre las distintas
provincias, la capacitación de operadores de salud y funcionarios judiciales,
policiales y administrativos para proceder adecuadamente ante casos de
violencia, entre otras medidas urgentes.Y tiene como objetivo primordial paliar
y revertir el número de víctimas por violencia de género en todo el territorio
nacional.
Además se establece, que las mujeres que se
encuentren en situación de emergencia social por violencia de género, una
asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil a
cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante
todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta
tanto se reinserten laboralmente según cada caso.
Odarda expresó que “a pesar de la aprobación de la
ley 26.485 que significó un avance en la lucha contra las violencias hacia las
mujeres en nuestro país, desde un abordaje integral que prioriza el derecho
humano fundamental a una vida libre de violencias. Propuso un cambio de mirada,
distinto al abordaje de la violencia hacia las mujeres como un suceso domestico
de carácter privado y circunscrito al ámbito de la familia. Planteó que la
desigualdad de género es la causante de la discriminación y violencia, con su
expresión más extrema en el femicidio”.
Por otro lado se refirió a la falta de presupuesto
y dijo que “si bien aparentemente hay un reconocimiento de la problemática, en
la realidad, no se destina el financiamiento necesario para solucionarla”.
Asimismo afirmó que “faltan registros oficiales no
existen registros oficiales y centralizados en la Argentina. Los únicos datos
disponibles son lo que produce desde el año 2009, el Observatorio de femicidios
"Marisel Zambrano" de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”,
que elabora informes a partir de los datos de las agencias informativas y
diarios.
Recordó que el Consejo Nacional de las Mujeres y el
INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) firmaron un convenio en el
2012 para elaborar un registro único de casos de violencia contra las mujeres
en todo el país, pero éste no se ha realizado aun.
La declaración de emergencia era una necesidad
imperiosa, cuando las cifras continúan siendo abrumadoras con un femicidio cada 30 horas conforme
revelan los relevamientos de las organizaciones especializadas , las políticas
públicas resultan insuficientes, los instrumentos específicos carecen de
financiación y se le ha otorgado a esta problemática un espacio insuficiente en
la agenda prioritaria de los órganos de gestión.
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