Las dos familias de Tres Luces afectadas por la
ampliación de la Ruta 22 están pasando por un difícil momento. Vialidad
Nacional quiere que desalojen pronto sus viviendas, pero hoy por hoy no tienen
asegurado adónde irse. Ante la dramática situación, una de las dueñas de casa
afectadas fue categórica en cuanto a que resistirá cualquier intento de
desalojo o demolición de su actual hogar.
Verónica Suárez reside hace 40 años en una
edificación ubicada al lado de la estratégica arteria que comunica al Alto
Valle. Se desempeña como empleada doméstica, por lo que gana 4000 pesos
mensuales, y su esposo se dedica a hacer changas. Con ellos vive una hija que
es madre soltera y que también se dedica al trabajo doméstico. Los tres adultos
aportan para el hogar y a duras penas logran salir adelante.
Hace tiempo que Vialidad Nacional viene impulsando
el desalojo de su vivienda, junto con la de una vecina, también casada y con
hijos. Se han sucedido varias audiencias en la Justicia Federal de General
Roca, en las que también han participado funcionarios del IPPV y del municipio
cipoleño. Hasta ahora, no ha habido posibilidad de un acuerdo.
"Nos han ofrecido una vivienda cerca del
barrio Anai Mapu pero todavía ni está hecha y nos dicen que tenemos que
pagarla. La casa donde ahora vivo es mía, la hicimos con mi familia, tengo agua
y electricidad. ¿Por qué vamos a pagar los 400.000 pesos que pide el IPPV, por
más que nos den plazos, si yo poseo hoy mi hogar. Además, no podemos pagar esa
suma", manifestó Suárez.
Para ella, es incomprensible e injusto lo que les
está pasando. Y más el apuro de Vialidad para echar a las dos familias, sin
poner nada a cambio, cuando en un principio habían hablado de una compensación.
"Yo no sé qué pensar, no sé adónde vamos a ir", enfatizó.
"Esto es una locura. Quieren demoler nuestra
casa lo antes posible. Pero yo de aquí no me voy a ir. Me van a tener que sacar
muerta, de acá no me muevo", afirmó la atribulada vecina. (LmCipolletti)
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