La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue
procesada ayer "por administración infiel en perjuicio de la administración
pública" por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa que
investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro en el final de
su segundo mandato.
El magistrado también procesó al ex ministro de
Economía Axel Kicillof, al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; y
a otros doce imputados, según consta en el fallo difundido esta tarde por el
Centro de Información Judicial (CIJ), dependiente de la Corte Suprema de
Justicia.
El titular del juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N° 11, ordenó además trabar un embargo de 15 millones de
pesos sobre los bienes de cada uno de los ex funcionarios sobre los que dictó
el procesamiento.
La ex mandataria, el ex ministro de Economía y el
ex titular del Banco Central, son investigados por el presunto delito de
"defraudación a la administración pública" que conlleva el haber
decidido realizar operaciones de compra venta de dólar futuro a un valor
inferior al establecido por el mercado, hecho habría generado una perjuicio en
las arcas del Estado.
“Lo sustancial aquí es que al momento mismo de
realizar esos contratos, se estaba soslayando olímpica y deliberadamente el
verdadero precio de mercado, teniendo en cuenta el contexto económico imperante
en el país, al cual el mercado como se ha visto no era ajeno”, sostuvo Bonadio.
“Esto deja en evidencia que tales autoridades
tenían bien en claro que había un dólar (que podríamos denominar “legal”) a
aproximadamente catorce pesos ($ 14)”, remarcó el magistrado en el texto del
fallo.
La denuncia que abrió la causa fue presentada el 20
de octubre del 2015 por los entonces jefes de bloque de Diputados del PRO,
Federico Pinedo; y el radicalismo, Mario Negri; en lo que fue el primer
movimiento judicial del espacio Cambiemos, entre la primera y la segunda vuelta
electoral para elegir presidente.
Los legisladores, asesorados por el actual ministro
de Hacienda Alfonso Prat Gay, sostenían que el Banco Central estaba generando
un perjuicio patrimonial al Estado al Estado al venderá a 10 pesos algo que
debía venderse a 15.
Aunque los diputados opositores no habían
denunciado a la entonces presidenta, en febrero Bonadío la acusó de haber
aprobado operatoria que habría representado “una pérdida de 17.000 millones de
dólares” a la institución monetaria, según constaba en la imputación.
"Es impensable que una operación financiera de
esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones
del BCRA de U$S 5.000 millones a U$S 17.000 millones (de dólares), que tendría
claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada
sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político
del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo hoy Bonadio en su fallo de 147 páginas.
“Resultó evidente que la entonces Presidente de la
Nación impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a
su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo,
procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del BCRA y
por supuesto, a los directores de la CNV”, agregó.
En sus paso en abril por los tribunales federales
de Comodoro Py en calidad de imputada, la ex mandataria resaltó el carácter
autárquico del Banco Central y remarcó que si alguien generó un daño
patrimonial al Estado fueron quienes generaron una devaluación en el tipo de
cambio.
“Queda claro que el partido gobernante, a través de
los jefes de sus respectivos bloques de diputados, fabricaron una causa
judicial con la complicidad del juez Bonadio”, dijo la ex presidenta el escrito
que presentó el 19 de abril para sostener que tras el alejamiento del anterior
titular del BCRA, devino una devaluación de un 50 por ciento.
En el escrito la ex presidenta le pidió al fiscal
federal Eduardo Taiano que investigue la nómina de compradores de dólar futuro
beneficiario con esa operatoria tras la devaluación, entre los que identificó a
“funcionarios y empresarios del más estrecho vínculo con el Presidente de la
Nación".
El delito de "defraudación a la administración
pública", previsto en el artículo 174 del Código Penal, establece penas
entre dos y seis años de prisión para quien le ocasionara las pérdidas al
Estado.
Entre los procesados están, también, los ex
funcionarios del Banco Central Flavia Marrodan; Barbara Domatto Conti;
Alejandro Formento; Juan Cuattromo; Mariano Beltrani; German Feldman; Pedro
Biscay; Sebastian Aguilera y Miguel Pesce.
Además fueron procesado los funcionarios de la
Comisión Nacional de Valores (CNV) Guillermo Pavan y David Jacoby: mientras que
Bonadío dictó la falta de mérito para el secretario de Finanzas del ministerio
de Economía, Pablo López, y las gerentas de la CNV Soledad Castro y Mercedes
Geandet.
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