La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue
imputada este jueves ante la sospecha de haber recibido coimas (delito
denominado “cohecho”) por parte de empresarios beneficiados con la adjudicación
de obra pública durante su gestión, en el marco de la causa conocida como “Los
Sauces”.
El fiscal federal Carlos Rívolo imputó también a
los empresarios Lázaro Báez (detenido en una causa por presunto lavado de
activos) y a Cristobal López (investigado por una millonaria deuda con la
AFIP), a quienes acusó de materializar el pago través de alquileres de
propiedades administradas por la empresa de la ex familia presidencial.
La ex presidenta y su hijo Máximo Kirchner ya se
encuentran imputados en la causa, pero por el presunto “enriquecimiento
ilícito”, por lo que el fiscal pidió que se investigue si los alquileres
investigados seguían vigentes cuando Máximo Kirchner asumió como diputado
nacional y en base a esa información analizaría si imputarlo por cohecho,
indicaron fuentes judiciales.
Rívolo amplió el requerimiento de investigación en
base a una ampliación de denuncia presentada el viernes pasado por la diputada
nacional del GEN, Margarita Stolbizer, y elevó el dictamen al juez que
interviene en la causa, Claudio Bonadio, indicaron fuentes judiciales.
La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario,
investiga los negocios inmobiliarios de la ex familia presidencial a través de
una firma de su propiedad denominada Los Sauces S.A. que administraba distintas
propiedades.
De acuerdo a la investigación judicial, los
principales inquilinos de los inmuebles administrados por la sociedad Los
Sauces serían los empresarios Báez y López, quien además se encuentra imputado
en otra causa relacionada con una millonaria deuda impositiva que algunas de
sus empresas mantienen con la AFIP.
En la causa se investigan las transacciones
realizadas entre la firma Los Sauces SA y las empresas Kank & Costilla,
Loscalzo y Valle Mitre de Lázaro Báez; y Alcalis de la Patagonia e Inversora
M&S, de Cristóbal López.
Cuando amplió su denuncia, en calidad de Amicus
Curiae (amiga del tribunal), la diputada Stolbizer afirmó que "Cristina
Fernández de Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la
apariencia de un vínculo comercial pero encubría una promesa, en su condición
de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de
controles por parte del Estado”.
“Hablamos de un acuerdo que consistía en la entrega
continua de dinero por parte de un tercero (Lázaro Báez a través de sus
empresas) a un funcionario público (la presidenta de la Nación a través de sus
empresas) a fin de lograr que realice una determinada actividad (otorgar obra
pública) u omisión funcional (carencia de control por parte de organismos
públicos que debían hacerlo)”, sostuvo.
"¿Cómo funcionaba ese acuerdo? En primer lugar
y de acuerdo a un informe de la Unidad de Auditoria Interna de Vialidad
Nacional que acompaño, Lázaro Báez fue beneficiado con una enorme cantidad de
obras públicas. Sus empresas obtuvieron el 80 por ciento de las licitaciones en
obras de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo Stolbizer.
El mismo día de la ampliación de la denuncia de
Stolbizer, el juez federal Bonadio había ordenado allanar los consorcios que
administran departamentos propiedad de Los Sauces en Puerto Madero y
Constitución en busca de constancias de pago y otra documentación en la parte
de la causa que investiga ya el supuesto enriquecimiento ilícito.
Los que pretendía el magistrado era poder
determinar con precisión quienes eran los inquilinos y qué monto pagaban por
usufructuar los inmuebles administrados por la firma pertenenciente a la otrora
familia presidencial.
El martes el abogado defensor de la ex presidenta,
Carlos Beraldi, presentó en los tribunales federales de Comodoro Py un pedido
para que “por conexidad” la causa “Los Sauces” pasara a manos del magistrado
Julián Ercolini quien lleva adelante la investigación conocida como Hotesur.
El juez Bonadio recibió el pedido de la defensa y
corrió vista a las partes para que den su opinión antes de resolver sobre este
planteo del abogado Beraldi.
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